Begoña Gómez acusa al juez Peinado de construir una "realidad paralela en la que siempre está detrás el presidente del Gobierno" para enviarla a juicio

Madrid

La defensa de Begoña Gómez ha interpuesto un recurso de queja contra la decisión del juez Peinado que en su último auto acortó los plazos de la ley de jurado y pidió a las asociaciones ultras que acusan el escrito de conclusiones para sentar ante un jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario, Juan Carlos Barrabés. Dice el recurso que procede anular el auto porque "omite" el trámite de dar cinco días a las partes para que presenten pruebas y, además, lo hace sin haber resuelto los recursos contra el auto que acomodaba la investigación a la ley del jurado. Estamos ante "una indefensión real y efectiva, lo cual resulta constitucionalmente inadmisible".

"Una afirmación inaceptable"

Juan Carlos Peinado afirmó en el auto que ahora se recurre que las conductas que ha investigado son "propias de palacios presidenciales" y que habría que remontarse al "régimen absolutista de Fernando VII" para encontrar algo parecido. Esto es, según Begoña Gómez, "una afirmación que es absolutamente inaceptable y que nos hace dudar de la imparcialidad del instructor ya que es impropia de un titular de la Potestad Jurisdiccional, siendo más propia de la época histórica que la citada frase recrea, y respetando muy poco la imagen de imparcialidad que un Magistrado debe transmitir". Es una reflexión "sorprendente" que transmite "una imagen de la Administración de Justicia en nuestro país que no es cierta y sobre todo que es sumamente inconveniente".

Dice el recurso que no hay "prueba de nada", sino "hipótesis, siempre relacionadas con el Presidente del Gobierno que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas". El juez "busca un objetivo a costa de masacrar la verdad", añade. No hay una sola prueba que avale que Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés forjaron una relación de intereses para que la carrera profesional de ella pudiera despegar y el empresario incrementara sus adjudicaciones públicas. La reunión con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, se celebró porque estaba prevista por asuntos que nada tenían que ver con la creación de una cátedra extraordinaria, sino por la actividad profesional que ella ya venía desarrollando en la universidad. Se celebró en el Palacio de la Moncloa porque la institución educativa estaba cerrada por el covid y el rector nunca transmitió al vicerrector que hubiera que "crear una cátedra para Begoña". Cátedra que cumplió con todos los requisitos y tardó cuatro meses en ver la luz.

"Lo que muestran los hechos es una relación previa con la Universidad, una propuesta nacida desde la propia Universidad, una tramitación no inmediata sino desarrollada durante meses, una designación compatible con la naturaleza de las cátedras extraordinarias, una clara continuidad temática y académica con trabajos previamente desarrollados en la Escuela de Gobierno, y una búsqueda de financiación y patrocinios inserta en el funcionamiento ordinario de la cátedra, bajo control formal, económico e institucional de la UCM. Las decisiones tenían una base autónoma, ordinaria y universitaria suficiente, sin necesidad de ninguna presión ilegítima ni de ninguna ventaja económica indebida. Existía una continuidad previa en la UCM, ofrecimiento del rector, operativa normal de la cátedra extraordinaria y ausencia de beneficio económico personal directo", según el recurso.

La asesora era una "mera recadera"

La defensa de la asistente que Moncloa asignó a Begoña Gómez también ha presentado un recurso de queja. Cristina Álvarez señala que su jefa no cobró por dirigir la cátedra y que su labor fue de "mera mensajera" o "recadera". Peinado le acusa de colaborar en la trama criminal de Gómez y Barrabés ayudando en las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez, mientras cobraba un sueldo público. Su abogado lo niega y dice que es "imposible delimitar qué tareas son propias y cuáles no de un asistente del cónyuge del Presidente del Gobierno": "Esta figura constituye una costumbre de nuestra democracia justificada por las peculiaridades vitales del cónyuge del Presidente: particularidades de la vida familiar en el Palacio de la Moncloa, necesidad de utilización de seguridad y servicio de escolta en cada desplazamiento, exposición pública, etc"