Guardans, sobre la prioridad nacional: "Lo que hagas contra un marroquí tendrás que aplicarlo al británico de la Costa del Sol"

Madrid

El principio de "prioridad nacional" ha irrumpido con fuerza en los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en comunidades como Aragón y Extremadura. A instancias de la formación de Santiago Abascal, este concepto -inspirado en la extrema derecha francesa- se ha incorporado como eje político en ambos territorios, aunque con interpretaciones distintas. Mientras Vox defiende abiertamente que los españoles deben tener preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y servicios públicos, el Partido Popular matiza que se trata de reconocer el arraigo territorial de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.

Este debate no es nuevo, pero sí adquiere una dimensión mayor al trasladarse a políticas concretas. En Castilla y León, donde PP y Vox ya comparten gobierno, se han visto precedentes de tensiones en torno a medidas similares. Ahora, su extensión a Aragón y Extremadura reabre el choque entre discurso político y viabilidad jurídica, especialmente en el marco de la normativa europea, que condiciona de forma decisiva la legislación autonómica y estatal.

En este contexto, Ignasi Guardans ha sido tajante en su análisis durante El Abierto de Hoy por Hoy. A su juicio, el concepto de "prioridad nacional" tiene "mucho que ver con la narrativa y muy poco con la realidad jurídica".

Aunque ha reconocido que "hay que combatirlo porque envenena el debate y la convivencia", ha sostenido que su aplicación efectiva es inviable: "No va a cambiar nada", ha afirmado, señalando directamente al marco legal europeo como principal límite.

Guardans ha subrayado que "es absolutamente incompatible con el derecho europeo", ya que este garantiza la igualdad de derechos entre ciudadanos comunitarios y, en buena medida, también para los residentes extracomunitarios. "Una vez uno tiene residencia, hay derechos que no se pueden quitar", ha explicado, rechazando la posibilidad de establecer ciudadanos "de categoría A y categoría B".

Para ilustrar esta contradicción, ha recurrido a un ejemplo concreto: "Los británicos que están en la costa española son, a efectos jurídicos, exactamente igual que residentes de Marruecos o de Kenia". En esa línea, ha advertido de las consecuencias prácticas del discurso político: "Todo lo que quieras hacer para los bangladesíes de Barcelona y para los marroquíes que te molestan tanto, se lo vas a tener que aplicar a todos los británicos que están en la Costa del Sol y no vas a poder discriminar entre uno y otro".

El analista ha insistido en que tampoco sería posible establecer diferencias entre ciudadanos de países de la Unión Europea: "No vas a poder distinguir entre un francés y un español porque te caerá encima toda la ley europea".

En su intervención, Guardans ha ido más allá del análisis jurídico y apunta a la intencionalidad política del debate. Ha considerado que todo forma parte de "un juego teatral" dirigido "a efectos de la galería", que busca "obligarnos a todos a estar discutiendo conceptos" sin recorrido real.