La CNMC abre 15 nuevos expedientes sancionadores en su investigación por el apagón
La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia aclara que los hechos objeto de estos procedimientos no implican la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas

OURENSE (ESPAÑA), 29/04/2025.- Vista de la calle del Paseo completamente a oscuras anoche durante el apagón eléctrico en Ourense. EFE/ Brais Lorenzo / Brais Lorenzo

La Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) ha publicado este viernes la apertura de otros 15 expedientes sancionadores por el apagón de los que 12 son a Endesa (incluido uno a las nucleares de Ascó y Vandellós), y el resto a Engie, Totalenergies y Contour.
Según ha informado la CNMC, estos nuevos expedientes, que se suman a los 20 comunicados la pasada semana, se deben a diversos indicios de incumplimiento, mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas.
Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente.
No obstante, la CNMC aclara que los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.
Los expedientes de la semana pasada fueron a Red Eléctrica por una infracción muy grave y a Naturgy, Iberdrola y Endesa, Repsol y Bahía de Bizkaia por infracciones graves de la Ley del Sector Eléctrico.
De esos 20 expedientes, uno es a Red Eléctrica, cinco a Iberdrola, cinco a Naturgy, siete a Endesa -cinco a la compañía y dos a la Asociación Nuclear de Ascó-Vandellós II de Endesa-, uno a Repsol y otro a Bahía de Bizkaia.
Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. Los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.




