Un informe critica el retraso de la Comisión Europea en la restricción de varios productos contaminados por sustancias tóxicas

Madrid

Los supermercados y tiendas de todo el continente europeo mantienen en su catálogo de venta productos que resultan ser tóxicos para el ser humano. Los recibos de compra, las sartenes antiadherentes, algunas piezas de mobiliario e incluso algunos pañales, todos estos artículos están contaminados por diferentes toxinas que pueden llegar a ser peligrosas para la salud.

Así lo confirma un estudio publicado conjuntamente por la Oficina Europea de Medio Ambiente y la red de abogados ambientalistas ClientEarth. Este problema deriva de un supuesto retraso burocrático de la Comisión Europea en torno a la ejecución final de su Hoja de ruta de Restricciones, un plan aprobado hace cuatro años.

Grandes problemas para la salud

Estos productos se mantienen al alcance de cualquier consumidor, a pesar de que se ha demostrado que algunos de los elementos que los componen pueden causar graves complicaciones en la salud de sus usuarios. Tatiana Santos, jefa de políticas de productos químicos en la Oficina Europea de Medio Ambiente, asegura que estas toxinas están directamente asociadas con "cáncer, infertilidad o problemas hormonales".

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El informe conjunto de estas dos instituciones coloca a la Comisión Europea en una situación realmente vulnerable, evidenciando su incapacidad para hacer efectivo su propio plan para la eliminación de estos productos peligrosos. Además, Tatiana Santos afirma que la Hoja de ruta de Restricciones en la que se escuda la institución del viejo continente "está muy retrasada a causa de la presión de los lobbies de la industria química".

Posibles consecuencias para la Comisión Europea

Debido a esta evidente falta de acción por parte de la Comisión Europea, la institución se expone a una posible gran oleada de demandas judiciales. Según explica Santos, "cuando se identifica un riesgo para la salud, las autoridades tienen la obligación de actuar sin demora". Actualmente no existe una respuesta directa de la Comisión Europea frente a la publicación de este informe, pero Bruselas trata de justificar esta demora apelando a la supuesta complejidad del sistema burocrático.