Una pareja se va a vivir a un bungalow y descubren que llevan casi 20 años siendo sus okupas sin pretenderlo

Un bungalow rural en Herefordshire ha sido objeto de una solicitud de legalización urbanística después de que sus actuales propietarios revelaran que lleva dos décadas habitado sin cumplir la condición original de planificación. La vivienda, conocida como Highfield y situada en Highfield Farm, cerca de Pontrilas, fue construida en 1969 con una cláusula específica: solo podía ser ocupada por personas empleadas localmente en la agricultura y sus dependientes.

Los actuales propietarios, el Sr. y la Sra. D Bott, han presentado una solicitud de certificado de legalidad al ayuntamiento del condado, argumentando que la restricción ya no es aplicable. Según los documentos presentados, la pareja sí cumplía con la condición en el momento de adquirir la propiedad en 1980, ya que trabajaban en el cuidado de aves de corral dentro de la misma finca.

No obstante, esa situación cambió en 2006, año desde el cual dejaron de dedicarse a la actividad agrícola. A pesar de ello, continuaron residiendo en el bungalow, lo que técnicamente ha supuesto una infracción continuada de la norma urbanística original. La solicitud alega que, debido al prolongado período de incumplimiento sin intervención por parte de las autoridades locales, la condición ya no es legalmente exigible.

El argumento se apoya en principios legales establecidos en materia de planificación urbanística en Reino Unido, que sostienen que, si una condición se ha incumplido de forma continua durante más de 10 años sin acción de la administración, dicha restricción pierde su carácter exigible.

Una declaración jurada firmada por el Sr. Bott acompaña la solicitud. En ella, afirma que cuando él y su esposa compraron la propiedad a su difunto suegro, desconocían que el bungalow estuviera sujeto a una condición de ocupación agrícola. Según su testimonio, esta restricción no salió a la luz hasta hace poco, posiblemente durante una revisión de documentación vinculada a la propiedad o en consultas recientes con las autoridades locales.

En su solicitud, la pareja también señala que la condición original no preveía expresamente la posibilidad de que trabajadores jubilados o antiguos empleados agrícolas pudieran seguir residiendo legalmente en la vivienda. Esta omisión ha sido descrita por sus representantes como un ejemplo de regulación restrictiva, poco adaptada a situaciones familiares comunes en el medio rural.

La decisión sobre la concesión del certificado de legalidad urbanística deberá ser adoptada antes del 1 de agosto. Si se aprueba, la pareja podrá residir legalmente en la propiedad sin estar sujeta a la condición agrícola original, lo que podría sentar precedente en otros casos similares en el condado.