Sus vecinos instalan 3 cámaras, dicen que es para vigilar su terreno pero tras investigar descubre la verdad

Las leyes de protección de datos se han endurecido mucho en los últimos años en los países de la Unión Europea, habiendo sanciones muy importantes para aquellos que se las saltan a la torera. Así, en la web Lawspot recogen un caso sucedido en Grecia donde una persona denunció a unos vecinos que tenían cámaras de vigilancia que estaban grabándola a ella y su familia. Al parecer, los demandados tienen una casa y restaurantes en su terreno, donde instalaron tres cámaras para vigilar su parcela, pero también filman las colindantes.

Fue en mayo de 2022 cuando se presentó la denuncia donde pedían a la Autoridad que ordenara la retirada de las cámaras y se adjuntó documentación adicional con fotografías y características técnicas, así como un vídeo en el que una de ellas aparece girando. Tras esto, solicitaron el material grabado en momentos específicos a través de una carta certificada, pero no obtuvieron respuesta, por lo que se presentó una denuncia por vulneración de este derecho. Entonces, se instó a los demandados a presentar las alegaciones que creyeran convenientes.

Estos comentaron que instalaron dos cámaras después de ser víctimas de robos y daños en su propiedad, pero aseguraban que estas no dan a ningún espacio público o privado de otro propietario ni están conectadas a un dispositivo de grabación, sino que cuentan con una tarjeta de memoria integrada que conserva los datos durante cinco días, después se borran automáticamente, aportando un certificado pertinente de una empresa de seguridad. Es por esto último que dijeron no haber contestado al requerimiento de imágenes, pero ahora sí pudieron encontrar cierto material correspondiente a las fechas solicitadas y que recogió la Fiscalía.

En estas imágenes se descubrió que las cámaras tenían la capacidad de girar de forma controlada y que sí grababan la propiedad del denunciante. Los demandados presentaron un informe de la empresa de seguridad explicando que una de las cámaras no funcionaba y que otra "se había desenfocado debido a fenómenos meteorológicos y había perdido su punto de enfoque", por lo cual se había girado hacia la propiedad colindante sin la intención de ellos. En cuanto a la tercera cámara que inicialmente negaron, acabaron afirmando que se trataba de una cámara ficticia sin funcionamiento.

Incongruencias y sanciones

Con todas estas pruebas, la autoridad competente vio inconsistentes las alegaciones de los acusados y añadió como agravante el hecho de que presentaran alegaciones contradictorias "que variaban según las pruebas a disposición de la Autoridad, de lo que se puede inferir un intento de engañar a la Autoridad y una falta de cooperación durante el examen del caso". Estiman que ​​actuaron como controladores y que sus cámaras no pueden incluirse en la excepción de actividad doméstica, ya que su campo de visión se extiende más allá de los límites de su propiedad.

Se dictaminó que el incumplimiento de los requisitos del Reglamento General, además la no respuesta a la solicitud primera también es agravante, puesto que la Autoridad les recordó que la falta de posesión del material de video no justifica que no respondieran. Les explicaron que "si bien las cámaras se instalaron para fines personales en una zona residencial, también opera un negocio en el mismo edificio, por lo que no puede considerarse que las cámaras funcionen exclusivamente para fines personales o domésticos, sino también para fines que corresponden a una actividad profesional". De tal forma, se impuso una multa de 3.000 euros a cada uno de los dos demandados, ascendiendo el montante total a 6.000 de sanción conjunta.