Runrún en Europa por "la trampa en la que han caído cientos de extranjeros" con las casas en España

Es un hecho que muchos extranjeros intentan ahorrar durante su vida para tener una jubilación soñada y poder vivir tranquilos en lugares con un clima relajado y unas condiciones más apetecibles. Una buena cantidad de ellos son británicos y estos, de manera predilecta, eligen Espala para un retiro que debería dejar atrás los problemas de su época de más actividad y el estrés que los atosigaba, pero no siempre sale todo a pedir de boca. Recientemente se ha conocido un caso en el que decenas de estas personas se vieron envueltas en una estafa que se destapó tiempo después.

Como informaba The Paper, estos habrían comprado en su momento unas viviendas que no sabían que estaban construidas ilegalmente en terrenos protegidos y ahora valen alrededor de un 30% menos de lo que costaron originalmente. 20 años más tarde de algunas de esas transacciones, la ley ha actuado en el asunto condenando a tres constructores, un arquitecto del consejo local y un ex alcalde del lugar en cuestión por fraude y otros delitos relacionados. En este medio entrevistaron a Adrian Hobbs, un empresario jubilado de Southampton que vivió en España durante cinco años.

El hombre, que tiene 67 años, compró una casa de 500.000 euros en el pueblo de Llíber, cerca de Alicante, allá por 2001, pero ahora la propiedad tiene un valor de 150.000 euros. Por desgracia, este tiene cáncer y le dijo al medio antes mencionado que su salud se vio afectada por todo este pleito, aunque se congratula de la resolución porque asegura que "la mejor medicina que he recibido fue obtener una copia de la sentencia". Esta dictaminó una indemnización de 100.000 euros, pero no están muy seguros de que aquellos que llevaron a cabo la trama les terminen dando ese dinero.

Hobbs fue quien se puso al frente de esta lucha legal y dijo que seguirá batallando hasta que reciban lo que es suyo, afirmando que esa es la promesa que les ha hecho a todos aquellos que se sumaron y le ayudaron en la campaña, aunque algunos no están ya, lamentablemente. "Aproximadamente 40 personas murieron", comentó, aunque quien sí sigue en ese barco es June Mason, residente de Solihull de 73 años quien también compró una casa allí en 2002 por 250.000 euros, aunque ella y su difunto esposo terminaron vendiéndola después por debajo de su valor de mercado. "Fue una pesadilla desde el principio, cuando nos dimos cuenta de que la propiedad era ilegal. Eran como una mafia, pero apuesto a que no se imaginaban que vendríamos a pelear así", manifestaba.

Una estafa a primeros de siglo

En The Paper explican que la estafa tuvo lugar en pleno auge inmobiliario español, entre 1999 y 2003, en Llíber, un pueblo de unos 900 habitantes. En esta época muchos británicos habrían sido víctimas de estas estratagemas urdidas por constructores y alcaldes de pueblos, aunque este se lleva la palma. En el medio que se hace eco de la noticia escriben que probablemente es el caso más grande de este tipo con alrededor de 500 británicos estafados que descubrieron que sus propiedades, valoradas entre 200.000 y un millón de euros, eran ilegales.

292 propiedades estaban construidas en terrenos considerados "rústicos" y había prohibición para levantarlas. Fue a principios de octubre cuando un juzgado de Alicante condenó a los estafadores, a pesar de que todos negaran los cargos. El tribunal ordenó una indemnización total de 3,5 millones de euros, pero los afectados aún no tienen sus viviendas legalizadas debido a que el actual equipo de gobierno del pueblo todavía no ha concedido los permisos. Amador Signes Arabí, arquitecto municipal, y los constructores Miguel Muntaner Alomar, Peter Antonius Schmidt y Trevor John Henry Bourne, fueron condenados por fraude, mientras que José Mas, quien fuera alcalde, lo fue por abuso de poder.

A pesar de las indemnizaciones y de la gravedad del caso, Arabí, Signes, Muntaner y Bourne no entrarán en prisión por haber recibido penas de dos años de prisión cada uno, por lo que tendrán la condicional al no existir antecedentes penales previos conocidos. Por su parte, Mas ha sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante tres años y tendrá que pagar una multa de 1.800 euros.