Despiden a una técnica de farmacia por carecer de diploma: tardaron 27 años en enterarse y son sancionados por ello

Una historia de despidos, acusaciones, decisiones contradictorias y cruce de recursos. Esto es lo que recogen desde Cox-distrib, donde nos cuentan lo ocurrido en una farmacia y una de sus técnicas, que están inmersos en un proceso legal muy duro desde hace mucho tiempo. Todo comienza en 1998, cuando una joven es contratada en este establecimiento ubicado en el sur de Francia. Desde entonces realizó su trabajo dispensando medicamentos, aprendiendo los procedimientos nuevos y ganándose el favor de dueños y clientela.

Todo parecía correcto, pero una serie de traspasos del negocio hacen saltar todo por los aires. Fue en 2015 cuando volvió a cambiar de manos y, por ende, los contratos de los trabajadores fueron heredados. El buen hacer de la mujer hizo que se mantuviera en el mostrador donde llevaba décadas, sin revisar la documentación de manera precisa a pesar de estar hablando de una profesión regulada en la que se requieren una serie de requisitos que en cada venta que se produjo, los nuevos directores dieron por sentado que se cumplían.

Fue en 2017 cuando se precipitaron los sucesos. Cuentan en Le Figaro que un inspector de la Agencia Regional de Salud (ARS) solicitó los diplomas de todo el equipo, pero el de la chica que ejercía de técnica de farmacia no pudo ser presentado. Solicitaron una copia, primero verbalmente y luego por escrito, con fechas del 22 de diciembre de ese año y otra del 17 de enero de 2018, pero la empleada estaba de baja por enfermedad y no presentó nada. Ante esto, los jefes le aplicaron una suspensión de empleo preventiva que en febrero se materializó en su despido alegando una falta grave.

La acusaron de falta de cualificación mediante una carta que se refería a haber mentido y tener falta de buena fe, avisándola del riesgo de sanciones penales. Esto hizo que contestara de inmediato afirmando que no había ocultado nada y que los dueños anteriores estaban enterados de su situación, habiendo trabajado con la autorización pertinente y haciendo recaer así toda la responsabilidad en el nuevo empleador por no haber realizado ninguna verificación desde la compra del negocio, por lo que el caso abría una vía sobre el análisis de responsabilidades y controles internos de la dirección.

Lluvia de recursos legales

En un arduo y largo proceso, en 2021 se produjeron las primeras decisiones oficiales. El Tribunal Laboral convino que el despido fue improcedente e injustificado, condenando a la empresa a pagar más de 34.800 euros en concepto de indemnización, centrándose desde ese momento todos los esfuerzos en determinar la responsabilidad y la obligación del empleador de verificar la situación. Pero la cosa no quedó ahí. El recurso presentado por este dio otro giro dos años después, cuando el Tribunal de Apelación revocó la sentencia en su totalidad.

Dictaminaron que se había incumplido el deber de lealtad y desestimó la demanda de la empleada, condenándole a pagar las costas procesales. Lo que se alegó en ese momento es que debía informar a la nueva directiva de cualquier deficiencia, incluida la falta de cualificaciones, y al no hacerlo se le imputó acciones de falta de lealtad. Y, como podemos imaginar, la mujer también interpuso su correspondiente recurso de apelación, el cual se resolvió este mismo 2025, una vez más, con revocación, en esta ocasión por el Tribunal de Casación, que determinó con firmeza la no validez de la sentencia del Tribunal de Apelación.

Expuso la norma de que un empleador no puede alegar negligencia propia para demostrar una falta grave, como escriben en Cox-distrib. La condena fue la del pago de los 3.000 euros de costas judiciales, pasando de nuevo el caso al tribunal inferior. Sin embargo, como nos señalan en el artículo, esta sentencia no cierra el caso, que ha sido remitido para una revisión adicional, aunque establece un principio rector: verificar, rastrear y asumir la responsabilidad de estos procesos es indispensable, más aún en negocios como una farmacia, donde la seguridad del paciente depende de una documentación actualizada.