Una abogada asegura que trabajaba 28 horas al día por un bonus de 80.000 euros y la expulsión es inmediata

La historia de Samina Ahmed es del todo surrealista. Era abogada sénior y supervisora ​​de becarios en el bufete Tuckers Solicitors LLP de Manchester (Inglaterra), donde fue admitida en 2005, momento a partir del cual comenzó a atender a clientes en prisión y llevar la representación en audiencias de libertad condicional, actividades que contaban con la financiación de la Agencia de Asistencia Legal (LAA), tal y como escribían en Law Gazette. Estuvo ejerciendo en el bufete hasta mediados de 2022, cuando fue despedida tras descubrirse que había estado engañando a todos con su trabajo.

Y no porque lo hiciera mal, sino porque falseó los registros de horas trabajadas durante varios periodos de tiempo, lo que además del despido le supuso un juicio que ha acabado mal para ella. La sentencia del Tribunal Disciplinario de Abogados reza que la mujer de 46 años registró 7.511,70 horas en 266 días, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, lo que daba de media unas 28,24 horas diarias de trabajo, apuntándose también que en 133 días habían estipuladas más de 24 horas, algo totalmente imposible, obviamente. Y eso no es todo, sino que aunque recibió un aviso en una reunión cuando se vieron ciertos indicios, "la Sra. Ahmed continuó haciéndolo".

En The Telegraph recogían las declaraciones de Frosoulla Kyriacou, presidente del tribunal, en la sentencia, donde explicó que la abogada estaba "motivada por el plan de bonificación de la firma" pues "pretendía alcanzar el nivel de bonificación más alto (400 por ciento del salario), ganando potencialmente 69.300 libras (alrededor de 80.000 euros) de bonus", objetivo que no llegó a alcanzar y la empresa "no pagó ninguna bonificación porque descubrió la mala conducta a tiempo". Sin embargo, los perjuicios para diferentes partes llevaron a una contienda legal mucho más allá del engaño.

Perjuicios económicos

Como se ha indicado antes, la actividad que llevaba a cabo la abogada en Tuckers Solicitors estaba financiada en parte por la Agencia de Asistencia Legal, por lo que "las engañosas entradas de tiempo de la Sra. Ahmed se utilizaron para facturar a la LAA y fueron lo suficientemente altas como para que se excediera la estructura de tarifa fija... lo que permitió recuperar el tiempo real dedicado a un asunto, lo que a su vez generó un mayor costo para el erario público", se expone en la sentencia del tribunal. Y la cantidad no fue para nada desdeñable.

En Law Gazette escriben que como resultado de la exposición a un abuso sistemático en la facturación, la LAA pagó a la empresa un sobrepago de 98.093,12 libras esterlinas (más de 113.000 euros al cambio), que una vez que se destapó todo el entramado la empresa tuvo que devolver. Esto se ha considerado como un perjuicio económico para Tuckers Solicitors, ya que había dependido de esas sumas para su planificación financiera y presupuestación. Todo el foco se puso en la abogada, de la que se ha determinado que "actuó de manera deshonesta".

"No actuó con integridad, socavó la confianza pública en la profesión y engañó tanto a la LAA, para que pagara por un trabajo que no se hizo, como a la empresa, para que creyera que era elegible para una bonificación", dice la sentencia del tribunal, asegurando que las acusaciones estaban más que probadas, por lo que se excluyó a Ahmed de la lista de abogados así como se le condenó a pagar 5.000 libras (casi 5.800 euros) en costas, algo más "justo y proporcionado" que el montante requerido en un primer momento de 49.600 (más de 57.000 euros), pero se tuvo en cuenta que, desde su salida del bufete, Ahmed había trabajado en el comercio minorista y como aprendiz para el consejo de Wigan.