El huésped del Airbnb no quiere salir de casa y el dueño debe vivir en el cobertizo de las bicis: "Disparate"

El pasado año se publicó la encuesta de 40 dB. para la Cadena SER y El País que dejó varios datos significativos sobre el problema de la vivienda. Entre otras cosas, se pudo ver cómo la percepción en cuanto la "okupación" está distorsionada, puesto que, mientras que casi uno de cada cinco españoles (un 18%) cree que "nadie está a salvo de sufrir una ocupación" y que afecta a uno de cada dos españoles, al 51,3%, la realidad de los datos oficiales del Ministerio del Interior arrojan que realmente el fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes, es decir al 0,057% de las viviendas, habiendo 15.289 inmuebles en esta situación en 2023 sobre un total de 26,6 millones.

Sin embargo, vemos cómo hay bastantes casos, y no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Esto lo podemos ver claramente en la historia que recoge NRC sobre lo que le ha ocurrido al propietario de una vivienda unifamiliar en Heerhugowaard (Países Bajos), el cual pasa largas temporadas en su país natal, Etiopía, momento en el que suele ponerla en alquiler en Airbnb. Hace unos meses hizo eso y arrendó un par de habitaciones a un hombre que llegaba con sus tres hijos, de 12, 16 y 18 años. El contrato firmado inicialmente tenía una duración de abril a agosto, pero después de un mes se rescindió y llegaron a un acuerdo verbal.

En un principio, la familia tenía que compartir salón, baño y cocina con otros inquilinos que se instalaron en las otras dos habitaciones, pero estos ya se fueron. Ahí comenzaron los problemas. Al no haber un contrato por escrito, el periodo de duración no estaba claro, y cuando el propietario quiso volver a su casa en septiembre, se encontró con que no se querían ir de allí. De esta forma, no ha tenido otro remedio que instalarse, pero con la familia pululando por la vivienda y siendo relegado a dormir en un antiguo cobertizo que estaba destinado para bicicletas, porque las habitaciones las tienen los otros. La situación, intolerable para el dueño, ha hecho que llegue hasta la justicia.

Su salón es "una sala de PlayStation"

Después de varias disputas en las que intervino la policía hasta en tres ocasiones, llegaron a sentarse frente a un juez. Este le preguntó al inquilino y a su hijo mayor de edad, sin representación legal, que cuál era el acuerdo verbal alcanzado, diciendo estos que les dijeron que podrían "estar allí por 1.800 euros al mes" y que "no había fecha límite". En contraposición, el abogado defensor del dueño alega que "se trata de un contrato de arrendamiento a corto plazo y que ya ha finalizado". Ellos no se marchan porque no tienen otro lugar a donde ir, siendo oriundos de Nueva Zelanda y a la espera de que les den una vivienda social de urgencia. Mientras, permanecerán ahí.

El casero describe que han roto muchas cosas en la casa y la han modificado. "Han convertido mi salón en una sala de PlayStation", viviendo ellos "como pez en el agua» con "todo a su disposición" mientras él vive en un cobertizo en su propiedad y con gran inseguridad. La respuesta del inquilino fue decir que todo eso era "un completo disparate". Por su parte, el juez dijo que no poder "resolver la desagradable situación que ha surgido para ambas partes" de manera fácil, entre otras cosas por haber menores de por medio que podrían acabar en la calle, además de afirmar que es difícil determinar qué acordaron las partes y qué pruebas existen.

Mientras, para llegar a un entendimiento que pueda satisfacer a todos, el abogado del propietario sugirió fijar el 1 de marzo como fecha de desalojo, así darían tiempo a que el inquilino consiguiera una vivienda social urgente o buscar temporalmente otra opción, aunque el hombre rechazó la oferta. Según NRC, el veredicto de la justicia se conocerá este mismo mes de enero de 2026, pero hasta entonces parece que todo seguirá igual: el dueño durmiendo en una cama en una pequeña habitación reconvertida y los demás ocupando el resto de estancias.