Obligan a pagar 39.000 euros a una exprofesora de 66 años tras descubrir el uso oculto de sus conocimientos académicos

Hay muchas personas que compatibilizan varios trabajos con el objetivo de ganar algo más de dinero para ir más desahogados todos los meses, para acumular de cara al futuro o por pura necesidad. Está permitido normalmente bajo unos estándares legales que marcan las normativas vigentes en cada país, y si no los cumples al pie de la letra, esa solución podría convertirse en un inconveniente que agrave aún más la situación en la que te encuentras. Eso es lo que ocurrió a una ciudadana italiana.

Exponen esta historia desde Prima Bérgamo, donde cuentan que una profesora de escuela pública de Treviglio (Italia) se vio en un lío recientemente por su compatibilización de tareas fuera de ella. Este trabajó en ITC Oberdan a tiempo parcial con un contrato indefinido entre 2010 y 2020, pero el resto de su tiempo lo dedicaba a otros ámbitos. Era asesora fiscal, estaba inscrita en el registro de auditores de cuentas, era propietaria de una consultora y administradora única de dos empresas, una dedicada a la contabilidad y la consultoría fiscal, y la otra a la construcción.

El tener varios empleos o empresas no está prohibido en la legislación del país, pero al tener un empleo público, tenía que pedir ciertos permisos. Destacan en el artículo que la profesora sí que solicitó y obtuvo autorización del ministerio para realizar actividades extracurriculares, aunque no durante todo el periodo en el que estuvo allí. Durante cuatro cursos escolares, supuestamente no presentó ninguna solicitud, lo que le ha ocasionado el problema, pues hay ciertas tareas que dependen también de compatibilidad cuando se trabaja para la administración pública.

Problemas para el profesor

Al haber indicios de estas actividades, se inició una investigación de la Policía Financiera de Treviglio para arrojar luz sobre la vida profesional de la mujer, que ahora tiene 66 años, desestimándose el ámbito penal tras la reclasificación de los cargos iniciales de fraude agravado, pero se mantuvo el problema desde la perspectiva de las finanzas públicas. Esto llevó a que la Fiscalía de Lombardía solicitara una indemnización de aproximadamente 116.000 euros, en los que se incluían honorarios no pagados y tareas incompatibles.

Para paliar tal golpe, la ya exprofesora inició un procedimiento acelerado que permitiera una resolución más rápida del caso, con lo que consiguió que todo quedara en una cantidad inicial de 38.700 euros, que sería redondeada a 39.000. De esta forma, se ahorró casi un tercio de la cantidad que le pedían, pero seguía siendo elevada. Como explican en Prima Bérgamo, el trabajo extra está permitido incluso en las escuelas públicas, pero las normas deben cumplirse al detalle, por lo que no cumplimentar las solicitudes y haberse dedicado a tareas desempeñadas, pues desempeñó funciones empresariales reales, como la de directora de empresa, considerada incompatible con el trabajo en un entorno público como el de una escuela.