Hacen alarde de un estilo de vida por todo lo alto, llaman a la puerta y es Hacienda exigiendo más de un millón de euros

La vida de una pareja parecía absolutamente idílica. Una relación afianzada y un estado financiero de lo más saneado del que podían presumir ante familiares y amigos en sus redes sociales, además de cualquiera que tuviera curiosidad en mirar por sus perfiles. Tan bien les iba que dejaron Francia en 2016 para trasladarse a Dubái, más concretamente al archipiélago artificial de Palm Jumeirah, para lo cual creyeron que habían hecho todos los procesos administrativos pertinentes informando del cambio de residencia.

Explican en La Dépêche que todo ello se había sustentado por el conocimiento que tenían del convenio fiscal franco-emiratí de 1989, el cual se elaboró para evitar la doble imposición. Pero el varapalo vino un tiempo después, porque tras una auditoría de los años 2016 y 2017, la Agencia Tributaria francesa les exigió casi 1,2 millones de euros en impuestos y cotizaciones a la seguridad social que no habían abonado. Pensando que tenía que ser un error y que estaban dentro de la legalidad, apelaron.

Una sentencia inicial de 2024 por parte del Tribunal Administrativo de París les dio la razón por un motivo procesal. El medio antes mencionado escribía que la notificación de reevaluación fiscal se había enviado a una dirección parisina y por ello no daba a trámite el requerimiento. Fue una victoria, pero no definitiva, puesto que el Ministerio de Economía interpuso recurso de apelación que el pasado 5 de noviembre de 2025 tuvo otro desenlace que no les beneficiaría y les mantendría dentro del embrollo en el que se habían metido.

El Tribunal Administrativo de Apelación de París revocó la sentencia y restableció la totalidad de los impuestos, pues dictaminó que la propuesta de ajuste fiscal se había notificado correctamente tanto al domicilio declarado en Dubái como al ubicado en el distrito 16 de París, también de su propiedad. En el artículo exponen que, dado que el plazo de prescripción se había interrumpido dentro del plazo establecido, la atención se centró en la residencia fiscal.

Una boda y las redes sociales

Según relatan en La Dépêche, a tenor del Artículo 4B del Código General Tributario francés y del convenio fiscal bilateral, el tribunal concluyó que la pareja seguía siendo residente fiscal en Francia. Esto lo determinaron por indicios encontrados en la investigación del caso, habiendo existencia de un domicilio en París, un contrato de arrendamiento firmado a nombre del esposo, un contador de electricidad activo, facturas emitidas a nombre de familiares, reembolsos de la seguridad social, una boda celebrada en la capital de francesa y exposiciones de su estilo de vida parisino en redes sociales.

Además de todo esto, el punto clave estuvo en que los ingresos en discordia provenían de una empresa con sede en Francia dirigida por el marido, el cual tenía la autorización bancaria exclusiva. De esta forma, aunque la pareja cuenta con propiedades en Dubái y permisos de residencia emiratíes, la justicia concluyó que sus vínculos personales y financieros más destacados todavía estaban en el país vecino, por ende, se les ha atribuido su residencia primaria y la tributación de ingresos de más de un millón de euros en dos años en Francia.