Los socios de Chivite se enzarzan, esta vez, por la ley de Vivienda y de peajes

Pamplona

EH Bildu ha denunciado este martes que se ha impedido un acuerdo global en materia de vivienda por "discrepancias" entre los socios de Gobierno "por motivos ajenos" a esta materia. Por su parte, Geroa Bai apunta a que es la intención del PSN de relacionar este acuerdo con la normativa para interponer peajes a camiones en las vías de alta capacidad la que supone "un chantaje".

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado este martes que el PSN "condicionó" la firma del acuerdo sobre la proposición de ley foral de Vivienda "a elementos ajenos al contenido de este texto", como el apoyo y la no presentación de enmiendas a la ley para implantar peajes a camiones en cinco vías de Navarra.

Comparecencia horas después de que haya convocado rueda de prensa EH Bildu. En ella, la portavoz de la coalición, Bakartxo Ruiz, ha apuntado a que después de meses de trabajo en torno al proyecto de ley de vivienda se había alcanzado una serie de cuerdos parciales entre los miembros del Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Podemos), y EH Bildu, pero en las últimas horas, cuando esta tarde finaliza el plazo para presentar enmiendas, no ha sido posible cerrar un acuerdo global.

Tras subrayar la "disponibilidad" y "responsabilidad" que ha tenido su coalición para favorecer el acuerdo, Ruiz ha subrayado que esta podría a ser "una ley pionera y ambiciosa", que diera respuesta a las miles de familias que han sufrido la especulación y la burbuja inmobiliaria", por lo que ha apelado a los socios de Gobierno para permitir un acuerdo que mejore el proyecto de ley.

En total, ha precisado el parlamentario Maiorga Ramírez, se habían pactado 32 enmiendas que EH Bildu va registrar ahora en solitario con el propósito de que sean debatidas y finalmente aprobadas durante la tramitación de la futura ley ya que, ha subrayado, "no vemos motivos razonables" para que no sea así por "disputas internas" de los partidos en el Gobierno cuando había "acuerdos parciales importantes" y "mimbres suficientes" para un acuerdo global.

En este sentido ha destacado acuerdos para incrementar el porcentaje de vivienda con protección pública al 50%, 30% de vpo y 20% vpt, frenar "la sangría" de descalificaciones después de que de 56.000 viviendas construidas en los últimos 35 años 23.000 se hayan vendido finalmente en el mercado libre, mantener a partir de ahora de forma indefinida la calificación de protegida y destinar el menos el 75% de la inversión pública en nueva vivienda al alquiler,

Otros acuerdos parciales conseguidos son para incentivar fiscalmente a los particulares que dejan su vivienda al banco público, que las entidades financieras e inmobiliarias tengan que anunciar con suficiente antelación y alternativa la finalización de contratos, la aplicación del ISA para limitar el incremento de los alquileres en el marco de las competencias de Navarra, favorecer la rehabilitación con un nuevo modelo de Oficina, fomentar las viviendas colaborativas y, dentro de la apuesta por la movilidad sostenible, desvincular las plazas de aparcamiento de las viviendas.

Ha sido, según Maiorga Ramírez, "un ingente" trabajo encaminado a mejorar la ley, llenar vacíos y fortalecer sus aspectos positivos, lo que ha obligado a adoptar una "posición flexible" en pro del entendimiento, por lo que "no es entendible que por razones ajenas al derecho a la vivienda y al debate de la ley entre los socios del Gobierno no se haya podido sustanciar".