La Comisión de Reconocimiento de víctimas de grupos de extrema derecha se constituirá en septiembre

Pamplona

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha informado este miércoles en la sesión del Ejecutivo de que el próximo mes de septiembre se va a constituir la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos después de que la propia consejera firme la orden foral de su designación, tal y como se recoge en la ley foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de estas víctimas.

En un paso previo, el Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo por el que se fijan las compensaciones que recibirán aquellas personas no integrantes de la Administración Pública que formarán parte de la Comisión. Estará compuesta, además de por el director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza; y del director del Instituto Navarro de la Memoria, Josemi Gastón; por dos peritos forenses y un psicólogo con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, participan la profesora de Sociología de la UPNA, Marta Rodríguez; el asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Mikel Berraondo; y los profesores de Derecho de la UPNA Roldán Jimeno y Soledad Barber. Una vez constituída, la Comisión de Reconocimiento y Reparación deberá analizar las solicitudes de petición de condición de víctima de motivación política.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Ana Ollo ha destacado los avances realizados en esta materia y ha manifestado que deben "asegurarse todos los mecanismos necesarios para resarcir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que regula el Derecho Internacional, de aquellas personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos".

El pasado 14 de julio entró en vigor la norma que modifica la ley foral 16/2019 de reconocimiento y reparación, que ya había sentado las bases para, tal y como ha destacado Ollo, "dar amparo a un conjunto de víctimas que no encontraban acomodo en la legislación previa". En este sentido, ha defendido que "toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones".

La consejera, que ha señalado que "el marco legal de origen sufrió en su día ataques desde la derecha estatal mediante un recurso al Tribunal Constitucional rechazado por este último", ha valorado positivamente la nueva ley "por permitir clarificar ciertos aspectos y garantizar la equiparación protectora entre colectivos diferenciados, en sintonía con los principios y directrices básicos emanados de organismos internacionales, como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ya en 2005 estableció el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a obtener reparaciones y previó, igualmente, el mecanismo de las vías administrativas públicas para la restitución, reparación, rehabilitación y satisfacción por los daños sufridos".

Ollo ha enmarcado las actuaciones en este ámbito en el acuerdo de programa para la legislatura 2019-2023 y en "el empeño del Gobierno foral por mejorar el clima de convivencia de la Comunidad", avalado por la asunción de los Objetivos del Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda 2030, uno de cuyos puntos, el denominado 'Paz, justicia e instituciones sólidas', "busca la conformación de comunidades guiadas por una auténtica cultura de paz, excluyendo la violencia como herramienta de resolución de conflictos, desarrollando una justicia basada en los derechos humanos tanto individuales como colectivos, y fortaleciendo a las instituciones para que sean estables y confiables para la ciudadanía".

Finalmente, la consejera, que también se ha referido al Plan de Convivencia, "que sitúa a todas las víctimas y su dignificación en el centro de la acción institucional", ha expresado en nombre del Gobierno de Navarra el deseo de "avanzar en la construcción de una sociedad plenamente democrática, construcción que no podrá llevarse a efecto sin el reconocimiento y reparación de todas las víctimas".