Educación asegura que la consulta del TSJN al Constitucional sobre la educación segregada no cuestiona su decisión de no financiarla

Pamplona

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha asegurado que los autos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en los que plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que prohíbe concertar con centros de educación diferenciada -Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín- "no afectan en absoluto a las actuaciones del Gobierno, no las cuestionan y no impiden sus efectos".

A la espera de un análisis más profundo, Gimeno ha explicado que el tribunal lo que se plantea es una cuestión de inconstitucionalidad sobre la resolución en la que se exige a los centros una declaración de cumplimiento normativo, que se comprometan por escrito y oficialmente a mezclar a su alumnado. En ningún caso, la cuestión de inconstitucionalidad va en contra del Gobierno foral, asegura Gimeno, puesto que la LOMLOE -que es la que obliga a no financiar con fondos públicos a la educación segregada- es una Ley Orgánica a la que el Ejecutivo foral debe someterse.

Ahora hay que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie pero, mientras tanto, "no tiene efecto alguno en lo que se está aplicando en el sistema educativo en el momento actual", detalla Gimeno. Lo único que ocurre es que se suspende el procedimiento judicial que enfrenta a los centros y al Gobierno foral.

Así, si no se obtuviera respuesta del TC antes del próximo curso académico, los centros segregadores deberán mezclar a su alumnado en el tercer curso de la etapa Primaria si quieren seguir recibiendo financiación pública.

Hay que recordar que el curso pasado, Educación constató que estos centros habían incumplido el concierto al continuar segregando a su estudiantado en cinco de los seis cursos de Primaria. No obstante, ante la imposibilidad de absorber a todo ese alumnado en la red pública, y con el fin de garantizar su educación obligatoria gratuita -como marca la Constitución-, el departamento aplicó una ley foral de 2012 que permite la aplicación progresiva de la norma.

Educación segregada en Bachillerato

El consejero ha descartado que la decisión del TSJN de consultar al Constitucional afecte al procedimiento relativo a la etapa de Bachillerato. En este sentido, Gimeno ha aseverado que la LOMLOE sigue estando en vigor y que, al ser una ley orgánica, el Gobierno de Navarra tiene obligación de cumplirla.

La renovación del concierto de la etapa de Bachillerato se ha firmado este 2022 y las condiciones de la nueva norma, es decir, el fin de la segregación en las aulas, debía aplicarse desde este mismo septiembre, tal y como firmaron los centros. Gimeno ha señalado que Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín "hicieron la declaración de cumplimiento normativo" respecto a la etapa de Bachillerato, pero que "el servicio de Inspección vio que no estaban cumpliendo y que podrían darse causas de extinción", por lo que se inició un procedimiento administrativo. Así, está previsto que en las próximas semanas se conozca la decisión del departamento sobre si continuar o no financiando esta etapa. Aquí la cuestión es distinta a Primaria, puesto que Bachillerato no es una etapa obligatoria y tiene un número reducido de alumnos, por lo que, por un lado, se evita el debate sobre si se incumple o no el artículo constitucional que exige garantizar el acceso a la educación básica obligatoria gratuita y, por otro, en este supuesto, la red pública podría tener plazas suficientes para acoger al alumnado que no pueda permitirse las cuotas de estos centros, que pasarían a ser privados. Son cuestiones todavía a estudio.