"¿Cómo demuestro a una trabajadora social que vivo debajo de un puente?"
Las organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos en Navarra ponen el foco en la falta de un techo y los problemas de empadronamiento
Pamplona
El empadronamiento y la vivienda son dos de los "grandes debes" que tiene Navarra, según apuntan las organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos en la comunidad foral. Su portavoz, Javier Urroz, asegura que la ley dice que "un ayuntamiento debe de empadronar a toda persona, aunque viva debajo de un puente" pero "no hay manera de llevarlo a la práctica" lamenta. Explica que cuando una persona vive debajo de un puente, se le exige demostrar que lleva un mínimo de 60 días, pero "es imposible demostrar eso sin testigos a una trabajadora social".
Urroz recuerda que el empadronamiento es "esencial" porque es la puerta que abre otros derechos como la sanidad, educación o la renta garantizada. Otro de los portavoces, Alvaro Cía, añade que sin padrón "también se complica el derecho a la comida" y explica que en estos momentos "no se está dando de comer a todo el mundo". El comedor de Paris 365 "está desbordado" dice Cía y el comedor social municipal "suele poner trabas para acceder con el tema del padrón".
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Por otro lado, estas entidades han aprovechado la celebración de la 'XVIII semana de los Derechos Humanos' para exigir un techo "para todo el mundo". El techo "es un gravísimo problema" y el albergue que hay en Pamplona "es insuficiente". Esta semana, recuerdan, el albergue municipal ha estado "lleno todos los días, superando su capacidad de unas 50 personas". Las plataformas que trabajan con personas vulnerables exigen "un albergue mucho mayor" que dé cabida a "200-300 personas, a todos los que viven en la calle". Para eso hace falta, dicen, un albergue mayor o una distribución de albergues por la comarca de Pamplona. Llevan tiempo pidiendo que se tomen medidas, pero "no conseguimos nada, va a pasar el invierno y vamos a seguir igual" lamenta, aunque "seguiremos insistiendo" concluye.
Los colectivos pro derechos humanos apuntan además que en Navarra casi cincuenta mil personas continúan sin derecho al voto, aunque "aquí vivan, trabajen y paguen sus impuestos". Por otro lado, el derecho a la salud universal "sigue siendo una quimera" desde la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2012. Javier Urroz explica que antes de la reforma "no existía este problema" e incide en la necesidad de "reparar este error".
En la comunidad foral, la sanidad universal "de facto" está garantizada según apunta salud, pero cuándo se trata de una persona migrante se entrega una factura que finalmente no se exige pagar. Desde la plataforma pro derechos humanos asumen que, aunque no se pague "el susto" que se da la persona que recibe una factura "es grande" y el problema está en que después se corre la voz y cuando otra persona se encuentra mal "no se atreve a ir a un centro de salud". Por otro lado, insisten en que por mucho que se garantice la atención esta es "sólo en urgencias para cosas puntuales" y "no pueden ir a un médico de cabecera a que les haga un seguimiento de enfermedades crónicas o lesiones" concluye.