Un Juzgado de lo Social establece que el convenio de Intervención Social de Navarra es "legal" y "de pleno derecho"
Asociaciones como Cruz Roja, Cáritas o Secretariado Gitano lo habían impugnado porque no participaron en la negociación
Pamplona
El Juzgado de lo Social nº3 de Pamplona ha notificado este martes que el convenio de Intervención Social de Navarra es "legal" y "de pleno derecho", rechazando así los argumentos esgrimidos por la patronal OEIS para impugnarlo. Así lo han dado a conocer este martes, en sendos comunicados, desde los sindicatos LAB y CCOO. Según LAB, la sentencia "da por probado que la asociación demandante podía haber intervenido como sujeto negociador si hubiese querido, pero que no lo solicitó, a pesar de tener conocimiento de la constitución de la mesa negociadora".
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Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano, Acción contra el Hambre y Asociación Española contra el Cáncer, que forman parte de la patronal OEIS (Organización Estatal de Acción social), fueron las empresas que impugnaron el primer convenio de Intervención Social de Navarra. Tras varios aplazamientos, el juicio sobre la impugnación se celebró el pasado 18 de abril en Pamplona.
"Hoy hemos tenido conocimiento de la sentencia, que tiene fecha de 26 de mayo, y que consolida los avances conseguidos con aquel convenio", han subrayado desde LAB. Según han apuntado, la sentencia afirma que "la asociación demandante sí tiene legitimación procesal para impugnar el convenio colectivo de Integración Social de Navarra y además cuenta con la legitimación negociadora", pero que "lo anterior no determina que su derecho a la negociación colectiva haya quedado vulnerado", puesto que "sí tuvo conocimiento de la mesa negociadora del convenio colectivo y, a pesar de ello, no solicitó formar parte o que se le admitiera como integrante de la mesa del convenio".
LAB, sindicato mayoritario del sector, ha asegurado que "nunca nos deberíamos haber encontrado en esta situación que ha puesto en riesgo los avances conseguidos por las trabajadoras de Intervención Social". "Hoy se ha hecho justicia y nos alegramos por ello. Y apelamos a OEIS a que se abstenga de recurrir la sentencia, y deje de alargar esta situación de manera innecesaria, injusta e injustificada", han apuntado desde el sindicato.
Tras añadir que "este otoño toca empezar las negociaciones de renovación del primer convenio", LAB ha asegurado que pondrá "todas sus fuerzas" en la negociación "para asegurar unas condiciones laborales más dignas aún a todas las plantillas de Intervención Social de Navarra". Por su parte, CCOO ha valorado que el convenio "seguirá en vigencia pese a la impugnación interpuesta por una parte de la patronal", de forma que "1.200 personas que trabajan en Navarra en el sector de Intervención Social continuarán contando con el convenio territorial firmado en el año 2021". "El Juzgado de lo Social nº 3 ha notificado este martes 13 de junio que el convenio es legal y los cauces de su negociación correctos a la hora de convocar a las partes legitimadas para negociar el convenio", han remarcado desde CCOO.
Según han relatado, los servicios jurídicos del sindicato "presentaron una sentencia anterior del Tribunal Supremo como defensa a la legitimidad de la negociación". "La Asociación Estatal de Empresas de Intervención Social pedía la nulidad del convenio colectivo, motivando en su demanda que no fue citada a la comisión negociadora. Sin embargo, el juzgado de lo social nº 3 ha dado como hecho probado que el día 15 de abril de 2019 la mesa negociadora del convenio sí comunicó a la comisión paritaria del Convenio Estatal de Intervención Social el inicio del proceso negociador", han subrayado.
En esa misma comisión, "a la cual se debe avisar tal y como marca el convenio estatal", estaba representada, según CCOO, "la asociación que pidió meses después la nulidad del convenio". "La parte demandante pidió tumbar el convenio más de dos años después del inicio de la negociación y más de medio año después de la entrada en vigencia del mismo", han criticado desde el sindicato. A juicio de CCOO, esta sentencia "consigue blindar los derechos laborales que el conjunto de la parte social logró en la negociación de dicho convenio", y el sindicato "lamenta que una parte de la patronal haya optado por revocar un texto que se elaboró cumpliendo todos requisitos legales para su aprobación".