Las voces que no apagaron las torturas y abusos policiales en Navarra

Pamplona

“Perdí la noción del tiempo. Me obligaron a desnudarme, a hacer ejercicios físicos...Me bajó la regla y me obligaron a meterme el tampax en la boca. Me amenazaron con pegarme un tiro y me pusieron una pistola en la cabeza. Yo oí el clic y dije, aquí se acaba la historia”. Metxe Gonzalez (León, 1958) trabajaba como auxiliar administrativa en el aeropuerto de Pamplona cuando en 1983 fue acusada de colaborar con ETA en el asesinato del jefe del Servicio de Comunicaciones del aeródromo, Jesús Blanco Cerecedo. Tras pasar nueve meses en prisión, fue absuelta por la Audiencia Nacional. Un estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), encargado por el Gobierno foral, ha identificado 1.068 casos de tortura y malos tratos sobre 891 personas en Navarra entre 1960 y 2015. Se estima que son muchos más. Desde la Red de Personas Torturadas de Navarra y la asociación Egiari Zor trabajan para visibilizar lo sucedido. En 2019 se aprobó la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Metxe es una de las que ha solicitado ser reconocida como víctima. Su sufrimiento comenzó en octubre de 1983. Dos agentes acudieron a detenerla al aeropuerto, registraron su puesto de trabajo y su domicilio y la llevaron a comisaría. Allí fue agredida física, sexual y psicológicamente. Tampoco le dejaron dormir: “Me bajaron a los calabozos, a una especie de celdas, con muros como de cemento y con una luz súper potente que no te dejaba ver nada, ni dormir ni nada”. Estuvo incomunicada durante cuatro días en la comisaría de la Policía Nacional en Pamplona antes de ser trasladada a Madrid. “Hay un antes y un después de la tortura. No es solo lo que te hacen, sino lo que queda dentro”. Para ella, la paz tampoco llegó al ser liberada: “Cuando llegué a reclamar mi puesto de trabajo, lo primero que me dijo el director es que no había sitio para terroristas y que mejor pidiera el traslado a otro aeropuerto”. Aquella situación duró años. “Me tuvieron en una oficina, sin máquina de escribir. No hacía nada. Me pedí una excedencia, he estado 16 años fuera y, a la vuelta, todavía he estado tres años que no me daban curro”.

De entre los centenares de casos denunciados, el director general de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martin Zabalza, destaca tres perfiles principales. Por un lado, los sindicalistas, en su mayoría de UGT y CCOO. “Durante el final de la dictadura organizaron huelgas que fueron muy reprimidas en defensa de los convenios o de democracia”. Por otro, personas sin militancia política, pero vinculadas a movimientos sociales. “Hay que situarse en los años de la transición donde el movimiento social y vecinal estaba perseguido también”. Hay un tercer grupo, añade, que son quienes sufrieron violencia por la actividad en la lucha antiterrorista. El proceso no ha terminado con el informe del IVAC, asegura Zabalza. Se está realizando una segunda fase de investigación siguiendo la técnica de los Protocolos de Estambul –avalada por la ONU- para determinar si los testimonios son veraces.

Testimonios como el de Jorge Txokarro (Pamplona, 1978), que denunció haber sido torturado hasta en dos ocasiones. La primera de ellas en 1996, cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad. Aquella vez, detalla, se le acusó del sabotaje a un concesionario de automóviles en el municipio navarro de Burlada –hecho por el que sería condenado a un embargo-. La segunda vez fue en 2002, cuando le acusaron de asesinar a José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza. "Ni siquiera llegué a juicio porque no habíamos sido los autores”. A pesar de ello, pasó dos años encarcelado en Córdoba, “a 850 kilómetros de casa, en un régimen de primer grado, en celdas de aislamiento durante 23 horas al día, solo, con un patio de 9 m2 y con unas condiciones muy estrictas”. Recuerda que durante las dos detenciones sufrió “prácticas de torturas constantes, diarias, salvajes”. El dolor sigue ahí, “sobre todo, cuando vuelves a abrir la caja de los truenos”. Años después, en 2008, Txokarro fue condenado por su vinculación con las Gestoras Pro Amnistía.

Desde su trabajo en la Red de Personas Torturadas de Navarra, Txokarro lucha por que se reconozca lo sucedido. “No es cuestión de convencer a nadie y mucho menos a la sociedad, es que a mí me ha pasado esto”. Considera que la norma autonómica fija avances, pero también tiene carencias. Por ejemplo, que no investiga las autorías: “Es una ley de abusos policiales, pero, ¿y los jueces instructores que nos veían completamente machacados en la Audiencia Nacional? ¿Y los médicos forenses que pasaban por los cuartelillos a auscultarnos?”. “A mí no me va la vida en saber quién fue la persona que realizó mi simulacro de ejecución o la que me ponía la bolsa constantemente. Sí que quisiera que se supiera que había un departamento dentro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que torturó de manera sistemática e impune, y que detrás de eso había un sistema engrasado”, concluye.

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Eneko Etxebarria Álvarez (Pamplona, 1963) no sufrió la tortura en sus carnes, pero para su familia, la pesadilla comenzó la víspera del 6 de diciembre de 1978, cuando su hermano mayor José Miguel tuvo que salir corriendo de casa porque habían detenido a un compañero suyo. “Mi hermano era miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Estuvo en ETA, pero evolucionó a posiciones anarquistas”. Cruzó la frontera hasta Iparralde. Allí, en junio de 1980, con apenas 22 años, fue secuestrado y asesinado por el grupo parapolicial Batallón Vasco Español. Nunca han encontrado su cuerpo. Eneko recuerda la última visita que le hicieron. “El solía llamar y nos decía donde quedar. Mi ama solía hacer la típica tartera con la tortilla de patata, los filetes de ternera rebozados. Al despedirse, nos dijo, ya os avisaré, no sé si era para dos domingos después. Ese es el último recuerdo que tengo. Entonces tenía 16 años para 17. Este año cumplo 60. Me he pegado 43 años buscándole. Toda la vida...”.

Después de decenas de trámites y procesos judiciales, lograron que en 2014 Naciones Unidas reconociera el caso de José Miguel como una desaparición forzosa. “Con lo que eso conlleva porque es un delito de lesa humanidad, no prescribe. Aquello supuso un bálsamo”. Desde entonces, se han reunido hasta en tres ocasiones con Naciones Unidas que, periódicamente, solicita información sobre los avances realizados a los Gobiernos francés y español. Avances que no se dan. En 2016, lograron reabrir el caso –cerrado en 2004- gracias a un informe pericial del médico forense Paco Etxeberria, que señalaba dos posibles ubicaciones de los restos de José Miguel. El 4 de abril de 2017, la Gendarmería francesa excavó en uno de los emplazamientos, sin éxito. Un año después, en 2018, el juez de la Audiencia Nacional dictó una segunda comisión rogatoria para excavar en la otra ubicación. Hoy en día, siguen esperando la respuesta de las autoridades francesas. Saben que José Miguel está muerto, “está asumido”, pero piden recuperar los restos: “Parece mentira unos huesos lo que son. Tener esos huesos, tenerlos contigo, es como tener a José Miguel de nuevo en casa”.

¿Qué dice la ley foral?

La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos reconoce el derecho de estas personas no solo a ser reconocidas como víctimas de forma oficial, sino también a recibir una reparación económica. La norma considera como tal a aquellos que, desde el 1 de enero de 1950, hayan visto vulnerados sus derechos humanos "en un contexto de violencia por motivación política", "en un contexto de actuaciones de motivación política en la que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada" y aquellos que "como consecuencia de la vulneración de derechos hayan sufrido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas". Los familiares de aquellos que murieron como consecuencia de la vulneración de sus derechos, también tienen derecho a solicitar la declaración de víctima y a beneficiarse de la compensación económica. No obstante, no tienen derecho a solicitar este reconocimiento aquellas personas que resultaron heridas -o sus familias, si murieron- por la manipulación de armas o explosivos con el fin de realizar alguna actividad violenta, incluyendo aquellos supuestos en los que se pretendía repeler o evitar actuaciones "legítimas" de las fuezas y cuerpos de seguridad.

Esta ley solo se aplicará a los ciudadanos que hayan sufrido daños en Navarra o que, siendo navarros, hayan sufrido daños fuera de la Comunidad foral, siempre y cuando no hayan sido objeto de reparación por las instituciones del Estado o de otra comunidad autónoma. El órgano encargado de valorar las solicitudes presentadas y proponer o no la declaración de la condición de víctima y, en su caso, las medidas de reparación es la Comisión de Reconocimiento y Reparación, un órgano colegio independiente.