La Comisión navarra de reparación a víctimas de extrema derecha y funcionarios públicos ha recibido 35 solicitudes

Pamplona

El 22 de septiembre de 2022 se constituyó, promovida por el Gobierno Foral, la Comisión de reparación a víctimas de la extrema derecha y de funcionarios públicos. Una constitución retrasada, ya que la ley de 2015 que amparaba la creación de este órgano fue recurrida por tres partidos políticos (Partido Popular, VOX y Ciudadanos) y por el gobierno central, presidido entonces por el popular Mariano Rajoy.

Un año después,la consejera de Memoria y Convivencia, Acción exterior y Euskera, Ana Ollo, ha contado en la SER cómo transcurren los trabajos de la comisión: "Han entrado ya en torno a 35 solicitudes y se está trabajando en torno a la mitad más o menos, porque hay un plazo de un año, una vez se ha admitido la solicitud, para poder resolver el expediente. Como digo, estamos en torno a unos 15 o 16 informes en los que está trabajando ahora mismo esa comisión".

Son 35 las solicitudes. Sin embargo, a través de diversos informes de variadas instituciones se conocen más casos de torturas policiales. ¿Por qué no se ocupa de ellos la Comisión?. Ana Ollo puntualiza: "Tenemos varios iunformes, pero para que pueda declararse una persona como víctima, para que pueda ser reconocida, tiene que haber una solicitud exacta, precisa a esta comisión. presentada al Gobierno de Navarra a través de esta comisión".

¿Recibe la Comisión la colaboración de las instancias implicadas, como pudiera ser, por ejemplo, el Ministerio del interior?: "Estas personas, cuando cogen uno de los expedientes, lo que tienen que hacer es recabar la información de las diferentes instituciones, y evidentemente ahí la colaboración interinstitucional no solo es necesaria, sino que evidentemente se produce, claro".

Ley peleada en los tribunales

Era mayo de 2021. La sentencia del TC que declaraba constitucional la Ley Foral de víctimas de motivación política atribuibles a la extrema derecha o funcionarios, que fue recurrida en 2019 por el PP y Vox, era recibida “con satisfacción y alegría” por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo: “Nos permite contar, ahora sí, con un instrumento jurídico seguro y estable para poder avanzar en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de esas víctimas por actos de motivación política”.

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Ollo explicaba entonces que la ley permite un reconocimiento a través de actos administrativos que sí son competencia del Gobierno de Navarra, “no se trata de un reconocimiento que tenga implicaciones ni policiales ni judiciales”. Añadía que lo que demandan muchas de estas personas es ese reconocimiento de que esos hechos existieron; esa verdad es uno de sus derechos para avanzar en esa convivencia y en esa sociedad más democrática”.

La ley fue aprobada a finales de la anterior legislatura por el Parlamento de Navarra con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, la abstención del PSN y el rechazo de UPN y PP. Con la sentencia del TC, según decía Ollo, “ya sí tenemos que poner en marcha con plena fuerza esta ley”. Explica que desde 2015 están trabajando en el contexto victimológico. “No es que no se haya avanzado nada; ahora nuestra primera tarea -una vez superado ese recurso en el TC- “es poner en marcha esa Comisión de reconocimiento de víctimas que está incluida en la ley”.