El sindicato CCOO exige al Gobierno navarro que ayude a las entidades locales a municipalizar las residencias de mayores

Pamplona

El sindicato CCOO Navarra ha instado al Gobierno de Navarra a que abra una línea de ayudas para las entidades locales que quieren (re)municipalizar la gestión de sus residencias de mayores, tal y como ha hecho el consistorio de Baztán con la residencia Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo. El factor desencadenante han sido las obras de rehabilitación del edificio. El secretario de Políticas Sociales y Públicas del sindicato, Joseba Eceolaza, ha detallado que la gran mayoría de residencias en Navarra, "el 72% están gestionadas por una entidad privada. A veces son entidades privadas sociales, pero muchas otras veces son entidades privadas con ánimo de lucro. Lo que Comisiones Obreras siempre ha pedido es que los servicios sociales y, especialmente, el cuidado de las personas mayores y dependientes no pueden estar en manos de empresas que su objetivo es obtener beneficios y especular con lo que se paga por estar ahí. Los servicios sociales tenemos que salvaguardarlos de esas lógicas del beneficio y de la especulación".

En concreto, Eceolaza considera que "el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra tiene que animar a otros ayuntamientos a hacer este proceso de municipalización o remunicipalización de las residencias. Para esto es importante dar seguridad económica a los ayuntamientos, pero también darles seguridad jurídica. El ayuntamiento de Baztán, por ejemplo, ha puesto en marcha una empresa pública para gestionar esta residencia y desde el Gobierno de Navarra esto se tiene que apoyar. Según un estudio del Observatorio de la Realidad Social, de aquí a 15 años, Navarra va a necesitar otras 2.600 plazas en residencias. Lo que nosotros creemos que tiene que hacer el Gobierno de Navarra es fomentar la gestión directa, la gestión pública de esas nuevas plazas que necesitamos, que ahora están gestionadas por entidades privadas con ánimo de lucro". De ahí que, insista, se realice esta propuesta para "proteger a las entidades locales que quieren remunicipalizar y dar seguridad jurídica a las que ya la están haciendo".

Residencia Francisco Joaquín Iriarte de Elizondo

El contrato de gestión de la residencia Francisco Joaquín Iriarte, en Elizondo, se firmó hace 14 años con la empresa IDEA y termina oficialmente en junio de 2024. No obstante, el Ayuntamiento del Valle ha tomado la decisión de rescindir dicho contrato el 31 de octubre de 2023. El 1 de noviembre está previsto que la gestión la asuma la empresa pública Zaintza Lanak. El factor desencadenante llegó tras la adjudicación de las obras para rehabilitar el edificio, construido a finales del siglo XIX y reformado, por última vez, hace cuarenta años. El alcalde de Baztán, Fernando Anbustegi, ha explicado en la SER que estas obras reducirán las plazas de la residencia de 153 a 99. Por ello, es necesario reubicar en otros servicios a medio centenar de residentes. Anbustegi ha asegurado que "le pedimos [a la empresa] que no acogiera a más usuarios porque luego tendríamos mucho más trabajo a la hora de reubicar. No es lo mismo reubicar a 60 usuarios que a 30, evidentemente. Para esa reubicación contamos con la colaboración del Gobierno de Navarra, quien nos está esperando a que sepamos qué usuarios vamos a reubicar en diferentes residencias de la Comunidad foral. Para ese trabajo, le pedimos en junio a IDEA que realizara un trabajo pormenorizado, personalizado, con los usuarios y sus familiares para ver cuáles estarían dispuestos a reubicarse en otras residencias. No ha facilitado ese trabajo y, com ovemos que el tiempo va en nuestra contra, decidimos resolver el contrato".

Ahora se inicia un proceso judicial que puede durar meses. La empresa ha solicitado la suspensión cautelar de la rescisión del contrato y exige al patronato del valle una indemnización superior a los 300.000 euros, añade Anbustegi, por conceptos como los beneficios previstos para los últimos meses, las inversiones realizadas o el ISO de calidad. Sin embargo, el patronato plantea el pago de una indemnización de 61.000 euros, a los que se sumarían otros conceptos todavía por concretar.