Jueces de Pamplona critican que PSOE y Junts hayan pactado "la creación de comisiones legislativas para analizar resoluciones judiciales"

Pamplona

La Junta General de Jueces, que reúne a los titulares de los juzgados unipersonales de Pamplona, han secundado este jueves una concentración "en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho". La movilización se ha llevado a cabo ante el Palacio de Justicia de Navarra a la que se han sumado los integrantes del resto de operadores jurídicos: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores, entre otros. Durante la cita, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, Mari Paz Benito, ha explicado que existe "malestar y mucha preocupación" entre los profesionales de poder judicial y ha puesto en valor "la unidad de todos los operadores jurídicos" para hacer una defensa de una "necesaria separación de poderes, siempre, y por encima de cualquier otro tipo de cuestionamiento".

Benito ha aprovechado la convocatoria para lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos alegando que "pueden estar muy tranquilos porque jueces y tribunales actuamos sometidos exclusivamente al imperio de la ley, porque así nos lo dice la Constitución, que defendemos todos los días" y añade que los jueces garantizan sus derechos y sus libertades "al margen de cualquier tipo de presión política, y por lo tanto, rechazan cualquier pronunciamiento que se realice en cuanto a dudas de posible persecución judicial".

En concreto, la Junta General de Jueces ha ratificado íntegramente el comunicado emitido el pasado día 10 de noviembre por los jueces decanos de España, en el que rechazan las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias contenidas en el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts.

De acuerdo con el comunicado, el texto del acuerdo de investidura contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. En la práctica, ello supondría que se podrían someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. La jueza decana de Pamplona, María Alemán, ha explicado en la primera llamada del día que sus críticas vienen provocadas "esencialmente por uno de los acuerdos que se ha firmado entre el PSOE y Junts, en el que se hacía referencia en España al lawfare, a la necesidad de crear comisiones legislativas en las que se analizaran esas resoluciones judiciales y se adoptaran, en su caso, las responsabilidades correspondientes". Alemán aclara que esta concentración no es un posicionamiento político: "Las resoluciones judiciales son susceptibles de recursos, son susceptibles de crítica, pero, desde luego, de lo que no son nunca susceptibles es de una revisión por parte de comisiones legislativas de cualquier parlamento. Puede ser un parlamento nacional, puede ser un parlamento autonómico. Eso no cabe en un Estado de Derecho como es España y con un poder judicial independiente que es lo que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el motivo de la reacción".

En esta línea, el comunicado de los jueces califica ese acuerdo como una "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables". "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", concluye el texto.

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