Sanfermines del 78: las víctimas anuncian recurso ante el Tribunal Constitucional
Las acusaciones volverán a presentar la querella por los sucesos en los que el pamplonés Germán Rodríguez murió víctima de un disparo de la policía
Imagen de la rueda de prensa que han ofrecido en Pamplona representantes de varios colectivos que se querellan por los hechos acaecidos en Sanfermines de 1978 / cadena ser
Pamplona
Cuando han pasado 45 años de los trágicos sanfermines de 1978, prosigue el camino judicial de los hechos ocurridos aquel año en Pamplona, que culminaron con la muerte del joven Germán Rodríguez, víctima de un disparo de la policía. "Seguiremos impulsando iniciativas judiciales, institucionales y sociales hasta lograr que la verdad, la justicia y la reparación sean logradas para los sucesos de los Sanfermines de 1978 y sus víctimas", señalan desde la organización "Sanfermines-78: gogoan!" familiares de Germán Rodríguez, personas heridas gravemente en aquellos sucesos y la Federación de Peñas de Iruñea. Las acusaciones personadas en el proceso anuncian ahora que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional el archivo de la querella por aquellos sucesos.
Lourdes Echeverría, abogada del equipo jurídico que lleva este asunto, explicaba en una rueda de prensa que van a volver a presentar la querella, en la que figuran la Asociación Sanfermines 1978 Gogoan y la Federación de Peñas de Pamplona como acusación popular, y seis particulares, unos de ellos Fermín Rodríguez, hermano de Germán. El resto son Jaime Zelaia, que sufrió graves lesiones que le han provocado una minusvalía permanente, y otras cuatro personas que también recibieron disparos de la policía: María Teresa Azcona, Fermín Ilundain, José Marón Vélez de Mendizabal y Mikel Legorburu. En la querella se estima que en este caso se ha dado un delito de lesa humanidad y cinco de lesiones.
La letrada Lourdes Echeverría, quien ha considerado que el archivo de la causa "no se ajusta a derecho", ha destacado que, desde que la Audiencia Provincial de Navarra ordenó reabrir el caso al entender que los hechos nunca fueron juzgados, "han estado decidiendo cuál era el juzgado competente", sin iniciar ningún tipo de investigación, y ahora se decreta el archivo de la causa al haberse superado el plazo de instrucción.
En ese sentido, ha declarado que desde los tribunales "se vulnera el derecho fundamental de las víctimas y de sus familiares a un proceso judicial", ya que se argumenta que se ha agotado un plazo de instrucción que "ni siquiera empezó".
Los tribunales, ha afirmado, han tratado de "buscar siempre una salida, porque parece que no interesa o no gusta investigar los hechos" ocurridos en Pamplona en 1978.
Mikel Legorburu, uno de los heridos en aquellos sucesos, y Rakel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas de Pamplona, han leído un manifiesto, en euskera y castellano, en el que se denuncia "la pasividad y desidia con la que la querella ha sido tratada en estas instancias judiciales”.
El archivo, ha asegurado, es "una muestra más de la colaboración de la Justicia con la política de impunidad con la que el Estado y sus instituciones han tratado este crimen".
