Lixiviados desde Gipuzkoa a Artajona (Navarra): El Gobierno Vasco "estaba al tanto" del envío de residuos, afirma GuraSOS
El "caso Artajona" es fruto de "la gestión que hace GHK y el ejecutivo de Euskadi de la avería en las instalaciones del Complejo Medioambiental Gipuzkoa Uno"
Comisión parlamentaria de Medio Ambiente con la Plataforma GuraSOS sobre el traslado de lixiviados desde Gipuzkoa a la planta de Ecofert Sansoain en Artajona / cadena ser
Pamplona
La plataforma GuraSOS, denunciante de irregularidades en la incineradora de residuos de Zubieta (Gipuzkoa), ha sostenido que la responsabilidad ambiental del Gobierno Vasco por el envío de residuos tóxicos a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona es “sumamente grave”, ya que “no hay duda de que desde el inicio estaban al tanto de la situación”.
Así lo ha indicado en una comparecencia en el Parlamento de Navarra que ha tenido lugar este viernes, el portavoz y letrado de la plataforma, Joseba Belaustegui, quien, no ha obstante, ha reconocido que “la responsabilidad principal recae en el titular y propietario de la instalación, encargado del tratamiento de residuos”.
Belaustegui ha detallado que desde la plataforma han presentado numerosas pruebas a la Inspección de Navarra y que la propia consejera de Medio Ambiente de Euskadi ha reconocido tener conocimiento desde el principio: “Con anterioridad a cualquier acción, el Gobierno Vasco estaba al tanto del destino y características del residuo”.
“A pesar de las directrices de una autoridad ambiental integrada, el Gobierno Vasco no verificó la caracterización del residuo, ni en su origen ni en su destino”, ha asegurado.
“Esta falta de verificación es una grave omisión que afecta tanto al origen como al destino del residuo”, ha comentado, ya que “el proyecto ambiental exige una caracterización previa de cualquier residuo, especialmente cuando hay evidencias de contaminación”.
“La falta de análisis de la peligrosidad del residuo, a pesar de conocer su origen contaminante, es extremadamente preocupante, y es especialmente grave cuando se decide incumplir el principio de autosuficiencia y se envía a otra comunidad autónoma, etiquetándolo como no peligroso”, ha considerado Belaustegui.
Precisamente, porque “esto evita que la comunidad de destino, en este caso Navarra, pueda oponerse al traslado de un residuo potencialmente peligroso”, ha advertido.
Y ha denunciado que “durante la primera fase del proceso, que se extendió desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, se enviaron todas las aguas de proceso y lixiviados de la planta sin discriminación alguna”.
Las directrices de la Unión Europea, el Ministerio de Transición Ecológica y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea indican que, en ausencia de caracterización, cualquier residuo debe ser considerado peligroso.
Aun así, Belaustegui ha apuntado a la “falta de diligencia en el análisis y seguimiento” del Gobierno de Navarra de los residuos recibidos: “A pesar de las alarmas sobre la toxicidad de algunos residuos, no se realizaron análisis ni se investigó su origen”.
Asimismo, “la tardanza en prohibir el envío de ciertos residuos y la ausencia de análisis de los camiones que los transportaban son motivo de preocupación”.
Sobre la falta de documentación necesaria para determinar la peligrosidad de los residuos y la negativa del Gobierno Vasco a proporcionar información detallada, ha apuntado que “plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso”.
“La afirmación de que no es competencia del departamento recabar análisis de los residuos enviados a Navarra resulta preocupante, ya que implica una falta de control sobre la naturaleza de los residuos recibidos”, ha dicho.
La plataforma GuraSOS ha realizado una función de monitoreo y control “constante”, que ha dado lugar a la apertura de cuatro investigaciones judiciales por delitos de prevaricación ambiental, falsificación de documentos y delitos contra el medio ambiente.
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