La Asociación Navarra de Amianto exige que las administraciones elaboren un censo como obliga la ley

Pamplona

La Asociación Navarra de Amianto (ANANAR) celebra este sábado por la tarde, en Pamplona, un evento para dar visibilidad a todas las víctimas a causa de los cánceres "incurables" que deja el amianto, además de "informar a toda la ciudadanía de que, a día de hoy, estamos ante un gravísimo peligro medioambiental". La Ley de Residuos que se modificó en el año 2022 señala que los ayuntamientos tienen la obligación de elaborar un censo, uno de los objetivos cercanos de la asociación, pero denuncian que todavía no se haya realizado. Desde el ejecutivo navarro, señalan que se debe a que falta información o criterios concretos para hacerlo porque consideran que falta un "más que recomendable desarrollo de dicha disposición adicional" relacionada con la elaboración de censos. La asociación ha conseguido reunir ya más de 26.000 firmas para instar a las administraciones a que se comience a elaborar.

El amianto o asbestos es un mineral que se prohibió en 2002 en España, pero que todavía esta muy presente. En navarra, este material está en 32.510 edificios, casi 20.000 depósitos de agua caliente o en 14.000 garajes, según datos de la asociación, por los que exigen al Gobierno de Navarra y a las administraciones locales que realicen un censo. "Navarra se sabe que hay 32.000 edificios, pero lo que no se sabe es si está en la calle Artica o en la avenida Carlos III. Eso es lo que no sabemos y tienen que hacer las administraciones: concretar en qué lugar hay uralita [el material de construcción que puede contener el amianto] y la cantidad de esta que hay", ha señalado la presidenta de la asociación, María Asún Fernández.

En cuanto a la exigencia a las administraciones del elaborar un registro de de este material, la presidenta ha señalado que la asociación "lleva un mesa reuniéndose con concejales y parlamentarios" a los que les han planteado que este censo "se debe hacer tanto desde las entidades públicas como las privadas", destacando que, "por lo menos, para saberlo" y posteriormente quitarlo. La provincia de Valladolid, en Castilla y León, es la única del estado que ha realizado este censo y, desde la asociación navarra aseguran que han mantenido contacto con la empresa que ha llevado a cabo este proceso, así como con el Cabildo de Gran Canaria, la administración que gestiona cada isla, que realizaron trabajos para retirar elementos no estructurales con amianto. Estas conversaciones tienen el objetivo de recabar información para, posteriormente, ofrecerla al ejecutivo foral y a los ayuntamientos.

La ley obliga a elaborar un censo de infraestructuras con amianto

La ley estatal de Residuos y suelos contaminados para una economía circular 7/2022, con fecha del ocho de abril, señala que los ayuntamientos están obligados a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario para planificar la retirada de este material en las instalaciones y emplazamientos en los que se encuentre. El plazo para elaborar el censo finalizó en abril del año 2023, pero desde el ejecutivo foral señalan que hay una "ausencia de criterios o referencias más concretas". Además, señalan que los ayuntamientos "no han dispuesto herramientas para poder llevarlo a cabo, ni las autoridades sanitarias, ni medioambientales ni laborales para poder implementar instrumentos de verificación" que se aseguren del cumplimiento de la obligación que marca la ley por parte de los consistorios.

En una respuesta parlamentaria del departamento de Salud, consideran que falta un "más que recomendable desarrollo de dicha disposición adicional" relacionada con la elaboración de censos. Además, recuerdan que ha sido en marzo de este año cuando el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, así como el ministerio de Trabajo, Economía Social y el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo han publicado las pautas a seguir para la retirada del amianto instalado en edificios y para la elaboración de dicho registro, algo que consideran que es el "punto de partida real para poder acometer este trabajo y cumplir con lo que se recoge en la disposición adicional 14 de la Ley de Residuos". El documento del ministerio aclara que el censo "debe extenderse a todas aquellas instalaciones y emplazamientos que se ubiquen en el municipio, con independencia de su titularidad".

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