La Asociación Navarra de Amianto recoge firmas para exigir a los ayuntamientos que realicen el censo de edificios "una vez por todas"

Pamplona

La Asociación Navarra de Amianto (A.N.A.N.A.R.) vuelve a exigir a los ayuntamientos de todas las provincias a lo largo de la geografía española que realicen, "una vez por todas", un censo de lugares que tengan presencia del amianto, ya sean edificios públicos o privados. Para ello, la presidenta de la asociación, María Asun Fernández, ha iniciado una campaña para recoger "todas las firmas posibles" con el objetivo de obtener cien mil para poder presentarlas en los diferentes consistorios "ya sea vía presencial, como el caso de Pamplona, o vía telemática, como será el caso en el resto de provincias del territorio nacional".

Una vez elaborado el censo, el siguiente paso sería "solicitar las ayudas correspondientes a las diferentes instituciones para proceder a la retirada de los edificios y viviendas". "No queremos el amianto en nuestras casas ni en nuestras vidas", subrayaba la presidenta. En declaraciones a la SER, Fernández ha señalado que retirar ese amianto "vale un dineral y los ciudadanos no tenemos esas cantidades para quitarlo".

El amianto o asbestos es un mineral que se prohibió en 2002 en España y, desde la asociación, afirman que "21 años después seguimos conviviendo con este material cancerígeno y mortal que se encuentra en cualquier esquina o edificio (colegios, estaciones de transporte, fábricas antiguas...) de nuestro pueblo, nuestra ciudad o, incluso, lugares de entretenimiento.

La campaña de firmas se está haciendo a través de la web change.org/censoamianto.

¿Qué dice el BOE?

En la disposición adicional 14ª de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, señala que "en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada".

Señala el texto del Boletín Oficial del Estado que tanto el censo como el calendario que han de elaborar "serán remitidos a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma". "Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2022", concluye la Ley.

Salud considera que "falta desarrollo de la disposición adicional de la Ley"

En una respuesta parlamentaria del departamento de Salud, consideran que falta un "más que recomendable desarrollo de dicha disposición adicional" relacionada con la elaboración de censos. Además, recuerdan que ha sido en marzo de este año cuando el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, así como el ministerio de Trabajo, Economía Social y el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo han publicado las pautas a seguir para la retirada del amianto instalado en edificios y para la elaboración de dicho registro, algo que consideran que es el "punto de partida real para poder acometer este trabajo y cumplir con lo que se recoge en la disposición adicional 14 de la Ley de Residuos". El documento del ministerio aclara que el censo "debe extenderse a todas aquellas instalaciones y emplazamientos que se ubiquen en el municipio, con independencia de su titularidad".