Vox presenta una moción para expulsar a todas las personas migrantes irregulares de Navarra

Pamplona

El grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Navarra ha dado un paso relevante en sus propuestas contra la comunidad migrante que, con más de 100.000 personas supone el 16 por ciento de la población de la comunidad. Lo ha hecho con el registro de una moción que tiene como objetivo que el legislativo inste al gobierno foral a buscar la expulsión de todas las personas migrantes en situación irregular. La moción, registrada el pasado sábado, no entró en el orden del día de la mesa de este lunes y será la semana que viene cuando se tramite. Se trata de un texto de 3 páginas firmado por su parlamentario Emilio Giménez. Ya en la exposición de motivos atribuye a la llegada de migrantes y al multiculturalismo "apuñalamientos, machetazos, ataques violentos y agresiones sexuales". Y añade que la inmigración "pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles". El texto habla de una "invasión migratoria" promovida por una "élite de Bruselas" que trata de imponer "un disolvente modelo de sociedad multicultural".

Son 7 las propuestas concretas que Vox quiere llevar al pleno. Entre ellas, que el gobierno de navarra exija al central la expulsión de todos los migrantes irregulares de la comunidad y eliminar cualquier apoyo a asociaciones que colaboren con la inmigración ilegal. También exigen el cierre del centro de acogida de Marcilla y el compromiso de no abrir ningún centro más de ese tipo y destinar el dinero que se usa en atender a este colectivo en financiar sus viajes de regreso a sus países de origen o "a la ciudad belga de Bruselas donde se encuentran las élites europeas que alientan su llegada". El texto propone además una consulta popular que respalde la expulsión de migrantes y acaba pidiendo modificaciones legales para impedir que los migrantes irregulares se puedan empadronar para acceder a los servicios públicos.

El texto, en principio, se debería debatir en el pleno del próximo 3 de octubre que es la siguiente sesión de textos legislativos y mociones. No obstante, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ya ha avanzado que su grupo tratará de evitar que se llegue a debatir por considerar que recoge afirmaciones que "pueden constituir delito de odio". Es la mesa la que tiene la capacidad de admitir los asuntos y fijar los órdenes del día de cada pleno. En este órgano que preside Unai Hualde, de Geroa Bai, hay dos miembros de UPN, uno del PSN y otro de EH Bildu. Mayoría afín al gobierno, sí, pero el reglamento sólo recoge una posibilidad de que no se admita a trámite una moción. El artículo 220 señala que "no se admitirán mociones que sean reiterativas de otras mociones ya tramitadas en el mismo periodo de sesiones". No es el caso de esta porque ningún grupo había propuesto medidas como esas en una moción y además el periodo de sesiones acaba de comenzar. Así como las interpelaciones sí deben estar encuadradas en asuntos sobre los que Navarra tiene competencias y deben ser de carácter general, las mociones no tienen acotado su contenido y, de hecho, tratan aspectos de política nacional e internacional.

A expensas de lo que pueda surgir en ese debate, la moción de Vox contiene afirmaciones que la realidad desmiente. No sólo la relación entre migrantes y más delincuencia. Con más contundencia los datos contradicen las acusaciones del grupo ultra en lo referente al impacto económico de la migración.

Fue en enero del año pasado cuando el departamento de migraciones presentó un estudio detallado encargado a una consultora sobre qué aportan y que reciben a la economía las personas migrantes. El trabajo de casi 110.000 personas que componen esta comunidad supusieron más de 7 puntos del producto interior bruto. Más de un cuatro por ciento de los ingresos de Hacienda proviene de lo que aporta el colectivo migrante mientras que lo que reciben supone poco mas del 1 por ciento. Estos y otros datos del informe llevan a concluir que por cada euro que destina Navarra al colectivo migrante éste aporta dos.

Begoña Alfaro: "Pediría a las derechas que rompan cualquier vínculo con quienes nos quieren hacer retroceder un siglo a todos los niveles"

A este respecto, en la SER, la consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, señala que lo más preocupante de la situación es ver cómo se normaliza el bulo y la barbarie y hace un ruego: "Yo sí que pediría a las derechas que rompan cualquier vínculo con quienes nos quieren hacer retroceder un siglo a todos los niveles".

Y de nuevo, la consejera respalda la realidad, y lo hace con datos de las memorias del consejo del poder judicial: "Los actos delictivos en España han descendido considerablemente los últimos veinticinco años que es cuando empieza la migración; si cogemos esa referencia, un dato, en 2023 con Aznar en el poder y prácticamente sin población migrante en España se produjeron 587 asesinatos; en 2022 que es el último año del que disponemos datos se producen 290, es decir, menos de la mitad con millones de migrantes"

Y asegura que negar el empadronamiento a inmigrantes es negarles la declaración de los derechos humanos: "Sería tratar a seres humanos como ganados sin tener derechos como la salud, la educación o la subsistencia pura, pero eso sí, para algunos que trabajan en negro porque les conviene. Es que negar el empadronamiento a migrantes sería negar la Declaración Universal de Derechos Humanos".