Casi 1.900 migrantes estudian en Navarra para obtener un certificado de profesionalidad

Pamplona

Un total de 1.868 personas migrantes, 467 de ellas en situación administrativa irregular, estudian en Navarra para obtener un certificado de profesionalidad, principalmente en los sectores de servicios sociales, hostelería, comercio y electricidad. En concreto, 309 personas cursan estudios de la rama de servicios sociales; 272 están matriculados en hostelería y turismo; 201, de comercio y marketing; 200 personas están inscritas en electricidad y electrónica; 168, en administración y gestión; y el resto cursan estudios del resto de ramas que ofrece la formación profesional navarra. Además de ello, 133 migrantes en situación de irregularidad administrativa están integrados en los sistemas de formación para adultos habilitados por el Gobierno de Navarra.

Son datos extraídos de un informe elaborado por CCOO que ha analizado la formación y el empleo de la población extranjera en Navarra, ofrecidos este miércoles por el sindicato en una comparecencia en su sede de Pamplona.

El secretario de Políticas Sociales y Públicas del sindicato, Joseba Eceolaza, ha abogado por “tratar de huir de los debates superficiales basados en prejuicios y estereotipos”, puesto que “el debate no es inmigración sí o no, sino si optamos por la interacción positiva o la fragmentación social”.

“El fundamentalismo religioso y la delincuencia nacen en la marginación social. Eso se debate con más política social y más integración, y no con más rechazo”, ha afirmado.

Según el informe, las personas migrantes suponen el 18 % de los habitantes de la Comunidad Foral, más de 120.000 personas, y se concentran en la Comarca de Pamplona y en los pueblos de 2.000 a 5.000 habitantes.

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En su mayoría son mujeres en edad de trabajar y los países de procedencia son, por orden, Marruecos, Ecuador, Colombia y Rumanía.

El documento refleja que “a lo largo de su vida se enfrentan a brechas de desigualdad evidentes”, según Eceolaza: sufren un 26 % más paro que los nacionales, un 40 % más de temporalidad, más accidentes laborales y cobran, de media, 8.739 euros menos, según los datos que ofrece CCOO.

Eso les aboca a tener mayor riesgo de pobreza severa y peores condiciones sociales. Por poner un ejemplo, al menos 6.400 personas migrantes viven en una situación de hacinamiento, compartiendo vivienda con 8 personas o más.

Integración educativa y laboral

El informe también revela que 6.046 personas migrantes han participado en la formación bonificada ofrecida por las empresas navarras, sobre todo en el sector industrial, y 1.349 inmigrantes en situación irregular participan en programas de inclusión social gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro.

“Estos son solo algunos de los datos que reflejan que en Navarra hay muchas personas, instituciones, centros educativos y organizaciones remando hacia una formación continuada orientada a la integración laboral”, ha explicado Eceolaza.

Por su parte, el secretario de Juventud y Migraciones de la organización, Carlos de la Torre-Verdejo, ha destacado que “CCOO lleva trabajando desde marzo de 2022 de forma coordinada con la asociación Apoyo Mutuo y con los departamentos de Educación y Derechos Sociales del Gobierno de Navarra”.

El objetivo de esa interlocución era “que los jóvenes migrantes en situación administrativa irregular puedan aprender un oficio a través de los certificados de profesionalidad”.

“Ello les permite aprovechar el tiempo mientras regularizan su situación con la obtención de un título oficial reconocido en todo el Estado, lo cual acelera después su proceso de integración laboral y social, algo en lo que hemos sido pioneros en Navarra”, ha celebrado.

Ante la realidad expuesta, CCOO propone un plan de formación coordinado entre organizaciones sociales, sindicatos, patronales y el Gobierno de Navarra, con itinerarios individualizados que respondan a las necesidades laborales de la comunidad.

Además, pretende impulsar la formación bonificada en empresas, premiando las buenas prácticas de inclusión de personas inmigrantes, y aboga por simplificar los trámites para obtener certificados de profesionalidad.

También plantea incorporar cláusulas sociales en la contratación pública para favorecer la inclusión migrante, agilizar la homologación de títulos y reforzar los recursos en Extranjería para facilitar la regularización y el acompañamiento en la presentación de documentación.