El Gobierno de Navarra niega haber pedido que se deje de atender psicológicamente a las víctimas de pederastia

Pamplona

La portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Justicia, Amparo López, ha negado este miércoles que la directora general de Justicia "haya dictado ninguna instrucción" para dejar de atender psicológicamente a las víctimas de delitos graves que más tiempo llevan siendo atendidas en la Oficina de Atención a Víctimas. Es una cifra por debajo de la decena de personas, entre las que hay cuatro personas reconocidas oficialmente como víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia navarra. López insiste en que "no se ha cesado ningún servicio" y ha expresado que "habrá que ver quién firma esa comunicación y por qué lo firma, si ha sido una psicóloga en base a criterios psicológicos, no puedo juzgar, no puedo emitir un criterio al respecto porque no tengo ninguna constatación formal". "En todo caso, hay profesionales, psicólogos, que son los que prestan el servicio que, en base a criterios médicos, han hecho una comunicación, un criterio médico que nosotros no vamos a cuestionar, pero el Gobierno no ha hecho ninguna comunicación", ha añadido. El psicólogo que atiende directamente a estas víctimas, Josean Echauri -es también socio fundador de PSIMAE, el servicio que atiende psicológicamente a las personas que acuden a la oficina-, ha afirmado en la SER que no han dado esas altas por cuestiones sanitarias, sino porque les han instado a ello: "Hasta donde nos han dado la información y las instrucciones, nos han dicho que las personas que llevaban ya un tiempo prolongado en tratamiento les fuéramos dando el alta". Y ha apuntado directamente a la fuente: "Fuimos convocados hace unas semanas [finales de septiembre] a una reunión por miembros de la Dirección General de Justicia para solicitarnos la continuidad del servicio que venimos prestando hasta que fueran presentados los nuevos pliegos y nuevos contratos [hasta que saliera a licitación un nuevo contrato]. Es en este contexto en el que nos dieron esta instrucción: que durante este periodo hasta que fueran a salir los nuevos pliegos y el nuevo contrato, fuéramos dando altas a las personas que más tiempo llevaban en intervención, en tratamientos, y en todo caso, si necesitaran más asistencia y más intervención, pues siempre estaba el servicio de salud mental".

La portavoz del Gobierno sí que ha explicado que se trabaja en un nuevo pliego de condiciones que limitará a 32 las que pueden recibir los adultos víctimas de delitos graves, pero que, hasta entonces, "la empresa que presta el servicio [PSIMAE] tiene que seguir prestando el servicio en las mismas condiciones". López insiste en que "el nuevo pliego busca igualar a todas las personas víctimas de delitos graves y aumentar el alcance; queremos llegar a más víctimas". En estos momentos, según hemos podido saber, no hay lista de espera para atención terapéutica en la Oficina de Víctimas, por lo que se estaría atendiendo a todas. Respecto a los criterios sanitarios que marcan ese tope de 32 sesiones por víctima, López ha indicado que en los últimos 20 años, al 80% de las víctimas se les ha dado de alta con menos de 25 sesiones. Las personas que se han mencionado han recibido en el entorno o superior a las 80 sesiones".