Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales de la Iglesia navarra pelearán por recuperar la atención terapéutica gratuita

Pamplona

El presidente de AVIPIREN -Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra-, Marcos Leyún, ha criticado en la SER la decisión del Gobierno de Navarra de retirar la atención psicológica a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia navarra que todavía la siguen recibiendo a través de la Oficina de Atención a Víctimas. Son tan solo cuatro personas -reconocidas oficialmente por el Ejecutivo foral como víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica- a las que se les ha comunicado esta semana que ya no tendrán más sesiones con el psicólogo del PSIMAE que les ha estado tratando hasta ahora. Si quieren continuar con el tratamiento, tendrán que acudir a la red de Salud Mental. Desde las dos asociaciones que aglutinan a estas víctimas aseguran que pelearán por seguir recibiéndola. Leyún ha detallado que están "llamando a distintos medios, estamos citándonos con diferentes partidos políticos del Parlamento de Navarra y, desde luego, vamos a dar la batalla porque me parece inconcebible lo que ha sucedido". De momento, no han hablado con la dirección general de Justicia: "Con el Gobierno de Navarra no [hemos hablado]. Tenía que haber sido a la inversa, que el Gobierno de Navarra nos hubiera comunicado, nos hubiera consultado, por lo menos, sobre esta situación de suspender el servicio psiquiátrico. Yo ayer por la mañana me enteré por el whatsapp de la asociación de que suspendían el servicio psiquiátrico y tuve encima la ironía de encontrarme el reconocimiento como víctima en el buzón cuando llegué a casa ".

Desde el Gobierno de Navarra han hecho llegar este martes un comunicado a los medios de comunicación en el que explican que "se está haciendo una modificación en el pliego de la atención a víctimas y agresores para igualar a todas las personas víctimas de delitos graves y menos graves y aumentar el alcance de este servicio público, llegando a mayor población". En concreto, van a fijar un límite en el número de sesiones que pueden percibir las víctimas de delitos graves -no solo las que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica-: hasta 32 sesiones los adultos, 35 los menores. Sobre la decisión de dar el alta (no es el alta terapéutica) a los cuatro denunciantes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica que reciben esta atención en la actualidad, han argumentado que "se intenta acompañar a las víctimas durante el mayor tiempo posible, pero hay que atender a otras víctimas a las que no se está llegando en este momento". En esta línea, afirman que seguirán teniendo "a su disposición el servicio de justicia restaurativa".