Navarra estudia qué pasos dar después de que los tribunales hayan anulado el permiso de explotación concedido a Mina Muga

Pamplona

El Gobierno de Navarra está estudiando la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revoca el permiso de explotación otorgado por el Ejecutivo a la empresa Geoalcali para la puesta en marcha de Mina Muga. A este respecto, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha señalado que están analizando "en profundidad" y con "mucho rigor jurídico" esta sentencia y que una vez analizada determinarán de forma conjunta con las Administraciones implicadas -Ministerio, Aragón y Navarra- si recurrirla. Irujo ha detallado que este proyecto se basa en una "concesión minera directa derivada de tres permisos de investigación previos, otorgados en su momento por la Administración competente, por razón del territorio, es decir, Goyo en Navarra, Muga en Aragón y el fronterizo común a las dos Comunidades Autónomas que concedió el propio Estado". Al tratarse de un único proyecto minero, ha explicado, "la actuación de las tres administraciones para otorgar las concesiones de explotación se ha realizado de manera coordinada". Para ello, "se suscribió un convenio de encomienda de funciones entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comunidad foral de Navarra para la tramitación conjunta de estos expedientes". "Una vez cumplimentados los preceptivos trámites, se han dictado tres resoluciones, una por cada administración, otorgando la concesión de explotación derivada del correspondiente permiso de explotación en cada ámbito territorial. Por ello, el consejero discrepa de la sentencia judicial, que apunta "que el proyecto de explotación debe ser considerado como un todo y que por tanto debe haber una única concesión minera otorgada por la Administración General del Estado" y defiende que Navarra tiene atribuidas las competencias en licencias mineras. "Están reconocidas en la propia Lorafna y están reconocidas en el Real Decreto de Transferencias que data del año 1985. Somos nosotros los competentes", ha añadido.

Según ha expuesto Irujo, la ley de Minas de 1973, "una ley un tanto anticuada", "no impone obligatoriamente el otorgamiento de concesiones de explotaciones separadas, aunque deriven de distintos permisos de investigación". "Tampoco dicha ley, que es preconstitucional, impone obligatoriamente la concesión conjunta, sino que es un criterio que ha establecido en esta sentencia este tribunal", ha afirmado. Además, ha considerado "evidente" que "se hace más que necesaria una revisión de esta ley de Minas que data del año 1973".