Detenidos cuatro feriantes en Caparroso por retener a un hombre 17 años en condiciones de esclavitud: le obligaban a ducharse y hacer sus necesidades en la calle

Pamplona

La Guardia Civil ha detenido en Caparroso a cuatro personas de una familia de feriantes que tenían retenido a un hombre en condiciones de esclavitud, ya que durante 17 años trabajó para ellos sin cobrar ningún sueldo, con la documentación retenida, duchándose en el exterior con una manguera y haciendo sus necesidades en la calle. El hombre comía fundamentalmente bocadillos y vivía amedrentado por el trato agresivo que recibía de algunos miembros de la familia, ha informado la Guardia Civil. La familia de la víctima denunció en 2009 que había perdido el contacto con él en 2003 y que tenía diversos problemas médicos y económicos. El pasado mes de marzo, la Guardia Civil localizó en Caparroso a este hombre, que estaba desde 2007 viajando con una familia de feriantes.

En marzo de este 2024, la Guardia Civil comunicó que había localizado en Caparroso a un hombre de 69 años que llevaba desaparecido desde 2003. El varón, originario de Bilbao, contó que residía con una familia de feriantes y que llevaba 17 años recorriendo el norte de España. El cuerpo policial le buscaba desde 2009 –la familia denunció su desaparición seis años después de haber tenido el último contacto directo con él-. La primera prueba de vida llegó en 2013, cuando desde el equipo de Casos de Personas Desaparecidas por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) detectaron que el hombre había renovado su DNI, cobraba una pensión y solía realizar dos retiradas de efectivo al inicio de cada mes en una sucursal bancaria ubicada en Caparroso, donde disponía de una cuenta corriente. En todo este tiempo, el hombre no se había puesto en contacto con su familia biológica. En el marco de la operación “Desbizca”, la Policía Judicial lo encontró y este accedió a reencontrarse con su familia. Lo que parecía una historia con un final feliz, se ha reconvertido en una trama con un punto y seguido mucho más turbio. Ahora, el cuerpo policial ha detenido a cuatro personas de la misma familia por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones.

Cuando a principios de año los investigadores descubrieron que el varón cobraba una serie de ayudas públicas -la prestación por desempleo, la pensión y la declaración de la renta-, también se dieron cuenta de que era otra persona y no el desaparecido el que se desplazaba al cajero del municipio para retirar el dinero. Fue la primera sospecha. La segunda llegó tras el reencuentro entre el desaparecido y su hija. Según narran desde el cuerpo policial, el hombre “expresó su deseo de irse a vivir con ella y abandonar la familia con la que convivía ya que le tenían como un esclavo” e impedían las visitas de su hija a la vivienda donde residía. Todo ello llevo a los investigadores a lanzar una nueva operación -“Lucendi”- al sospechar que podría tratarse de una víctima de trata de seres humanos.

En el transcurso de la investigación han descubierto que el hombre “no tenía acceso a su tarjeta sanitaria ni a su DNI y desconocía que había estado percibiendo una prestación económica a su nombre durante años”. En total, los detenidos se habrían beneficiado de más de 100.000 euros pertenecientes a la víctima. Además, el varón ha narrado que se sentía “amedrentado por el trato agresivo de algunos miembros del clan familiar”. Le obligaban a “despertarse media hora antes que el resto para encender la lumbre, poner lavadoras, doblar ropa y realizar tareas de limpieza”. También se encargaba de la limpieza, mantenimiento y supervisión de las atracciones

infantiles durante los desplazamientos a las diferentes ferias, y todo ello sin percibir remuneración alguna. Por otro lado, “no tenía acceso libre a la comida o a la bebida y le obligaban a comer separado del resto”, con una alimentación basada, fundamentalmente, en bocadillos. El tabaco también se lo facilitaban. Sus condiciones de vida eran pésimas, describen desde el cuerpo policial: “Dormía en la cabeza tractora del camión vivienda durante el periodo ferial, teniendo prohibido el acceso a las habitaciones del remolque de la familia, excepto para realizar su limpieza. En este remolque existía un baño para el uso exclusivamente del clan familiar, por lo que la víctima tenía que ducharse en la vía pública con una manguera del camión, realizando también sus necesidades en un lugar apartado de la calle”. Dado que los detenidos poseen una vivienda en Portugal, solían pasar algunas temporadas allí. En esos periodos, “la víctima dormía en el garaje sobre un colchón, no tenía acceso a la televisión ni al teléfono ni permiso para salir sin ser acompañado, salvo para realizar recados puntuales o comprar con el dinero justo, justificando el gasto con un ticket de compra”.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Por todo ello, este miércoles 20 de noviembre, el cuerpo policial realizó dos entradas y registros en dos domicilios y en un camión vivienda estacionado en Caparroso. Intervinieron más de 120.000 euros en efectivo, la cartilla bancaria de la víctima, resguardos de solicitud de distintas prestaciones a su nombre y otros efectos personales como fotos familiares, pulsera sanitaria o ropa. Como indicadores de que esta es una situación de trata de seres humanos, los investigadores apuntan que “la documentación de la víctima estaba bajo llave y en posesión de uno de los detenidos, la estancia donde pernoctaba presentaba unas condiciones insalubres y deplorables, que nada tenía que ver con el resto de las estancias donde habitaba la familia, sus escasas pertenencias se limitaban a un antiguo álbum de fotos de sus hijos, un despertador y un portafolios”. Estos indicios llevan al cuerpo policial a determinar que “la víctima tenía una dependencia total de la organización criminal”, puesto que eran estos “quienes le daban de comer o le donaban en ocasiones ropa”. Tampoco tenía contacto con el exterior porque “la residencia se hallaba en una zona apartada teniendo que utilizar vehículo para lograr contacto con otros habitantes de la localidad”.

La investigación ha sido llevaba a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Bizkaia, y está siendo dirigida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Tafalla (Navarra) y la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.