Política

El Gobierno de Navarra indemniza con más de 1,24 millones de euros a 41 víctimas de malos tratos policiales

La Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos de Navarra ha reconocido como tal a 41 personas

Amaia Otazu Garde

Pamplona

La Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos de Navarra ha reconocido a 41 personas como víctimas de este tipo de violencia. Es uno de los datos recogidos en el segundo informe anual elaborado por esa comisión, que ha sido presentado este martes en el Parlamento foral por su presidente, Martín Zabalza. Zabalza ha detallado que se les ha indemnizado con un total de 1.243.383 euros con el fin de reparar las secuelas que padecen o han padecido como consecuencia de los hechos denunciados. Desde que en 2019 fuera aprobada la normativa autonómica que regula estos reconocimientos, se han presentado ante la Dirección General de Memoria y Convivencia hasta 125 solicitudes de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política: 50 durante 2023 y 75 durante 2024. Hasta el momento, la comisión ha resuelto 47 peticiones: 41 han concluido con un reconocimiento, 5 han sido inadmitidas y 1 ha sido desestimada al no haberse podido acreditar una “relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios relatados por el solicitante”. En la actualidad, la comisión trabaja en la tramitación de 78 expedientes más -todos ellos admitidos en el procedimiento, pero en diferentes fases- y, por ahora, han recogido el testimonio de 71 víctimas. El próximo 13 de febrero, el Gobierno de Navarra organizará un segundo acto de reconocimiento público de estas víctimas.

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Respecto a las 41 víctimas reconocidas como tal, el informe señala que 6 de ellas murieron como consecuencia de los malos tratos padecidos. Una fue torturada y murió bajo custodia policial y las cinco restantes recibieron disparos de armas de fuego accionadas por agentes pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estas acciones se registraron en diferentes situaciones: en un control policial, en confrontaciones de motivación política, en disturbios callejeros o, incluso, en el monte mientras la víctima conducía ganado a lo largo de la frontera con Francia. Por otro lado, los peritos que forman parte de la comisión han declarado probado que 16 víctimas fueron detenidas y que durante ese periodo sufrieron malos tratos y/o torturas. Además, 12 de ellas estuvieron incomunicadas durante su encierro. A raíz de esos malos tratos, seis personas han padecido secuelas psicológicas y once, físicas. El documento, en el que no se identifica a estas víctimas, sí enumera algunas lesiones, como la pérdida del globo ocular, otras tres lesiones en globo ocular que conllevaron pérdida de visión y tres heridos por arma de fuego. También se han constatado cuatro personas más con diversas lesiones. Según han acreditado los expertos, durante los Sanfermines de 1978, se registraron cinco agresiones, otras cinco se produjeron en diversos disturbios callejeros y una más en las manifestaciones por conflictos laborales que se desarrollaron en los 70 en las minas de Potasas. Los daños no se quedan aquí. Del documento también se desprende que dos personas sufrieron daños físicos y materiales y que una de estas dos sufrió un intento de atentado por parte de un grupo de la extrema derecha. La gran mayoría de las víctimas son hombres -34- y tan solo se ha reconocido a 7 mujeres. Eso sí, desde la comisión recalcan que las que fueron sometidas a malos tratos y torturas sufrieron también violencia sexual: desde insultos y comentarios vejatorios hasta tocamientos que, en algunas ocasiones, derivaron en agresiones sexuales.

Al recopilar estos testimonios y reconocer a estas víctimas, la comisión aspira a reparar de algún modo a las familias de quienes fallecieron o a quienes sufrieron heridas psicológicas y físicas como consecuencia de acciones violentas, desproporcionades e ilegítimas realizadas por miembros de los cuerpos policiales o de grupos de extrema derecha. En función de las secuelas, estas víctimas o sus familias tienen derecho a recibir asistencia sanitaria y, si los peritos así lo consideran, pueden recibir indemnizaciones económicas. La cuantía final que recibe cada persona se determina en función de unas tablas marcadas por la ley autonómica -Ley Foral 16/2019- y son iguales, por ejemplo, a las que reciben las víctimas del terrorismo de ETA. Además, en mayo de 2024, el Gobierno de Navarra realizó un acto público para reconocer públicamente a estas personas y va a realizar un segundo el próximo 13 de febrero.

Hay que tener en cuenta que la comisión se limita a reconocer y reparar estos actos violentos y sus secuelas, pero no puede identificar a los victimarios. Su labor se limita a constatar la existencia de un “daño real y efectivo”. Así lo determinó el Tribunal Constitucional en 2021 (sentencias 108/2021, de 13 de mayo y 135/2021, de 24 de junio) al responder al recurso de inconstitucional planteado por PP y VOX contra la Ley Foral 16/2019. En concreto, estas resoluciones legales determinan que “las Comisiones de Reconocimiento y Reparación de Víctimas deberán limitarse a determinar la relación de causalidad existente entre los hechos y la producción del resultado dañoso, sin que ello implique indagación alguna sobre ilícitos penales o la identificación y eventual castigo de sus autores”. En cualquier caso, la comisión no actúa de oficio, sino que son las propias víctimas, sus familias o las asociaciones que las representan quienes tienen que presentar la solicitud de reconocimiento. Una vez que lo hacen, se ha establecido un plazo de un mes para que sea admitida o no. Si lo es, la comisión tiene un año para realizar las pruebas que considere pertinentes -incluidas las entrevistas con las víctimas y sus entornos- y resolver el procedimiento. Desde la comisión defienden que la metodología con la que investigan estos casos está “perfectamente homologada y alineada con las recomendaciones internacionales” y subrayan que Navarra fue la única comunidad autónoma española en presentar este trabajo en la Convención de Víctimas del Terrorismo organizado este pasado octubre por la ONU.

Respuestas de los grupos parlamentarios

En el turno de los grupos, la portavoz de UPN, Marta Álvarez, ha afirmado que la formación regionalista "ha demostrado ya en muchas ocasiones que el respeto a los derechos humanos de todas las personas es para nosotros fundamental, venga de donde venga, toda la violencia es ilegítima, también las torturas y los malos tratos". No obstante, ha recordado que su grupo votó en contra de esta ley, "porque sin negar que sea constitucional, y aunque es constitucional reconocer a víctimas de forma extrajudicial, tenemos dudas de que una comisión como la que se ha formado sea la mejor forma de hacerlo". "No acabamos de entender la diferencia de requisitos para acceder al reconocimiento entre víctimas del terrorismo y víctimas de la violencia", ha afirmado Álvarez, para pedir "transparencia" en los trabajos.

La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha señalado que "el reconocimiento de los derechos humanos vulnerados es para todas las personas que sufrieron, no solo es para una parte, y nuestra democracia debía profundizar en el reconocimiento y reparación de víctimas que durante años sufrieron silencio y que no fueron reconocidas". Además, ha defendido que "la independencia y profesionalidad de esta comisión y el procedimiento establecido le otorgan la misma transparencia y veracidad que la que puede tener en otros ámbitos un juzgado aplicando legislación".

La portavoz de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga, ha destacado que, a tenor del informe presentado por Zabalza, "podemos afirmar que se han dado pasos importantes y se ha consolidado el trabajo de la comisión". "Es importante continuar con los actos institucionales e instamos para el Gobierno de Navarra que participe con una representación institucional de máximo nivel, acorde a la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Son pasos importantes en el derecho a la verdad y al reconocimiento de unas víctimas que durante años han sido silenciadas, negadas, olvidadas, incluso perseguidas y criminalizadas por denunciar graves violaciones de derechos humanos", ha indicado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiain ha afirmado que la ley de reconocimiento a víctimas de motivación política "es una lógica consecuencia de las políticas públicas de reconocimiento y reparación de diferentes víctimas iniciadas en 2015 -con el Gobierno de Uxue Barkos-, porque el apoyo real, dotando a lo establecido en normas jurídicas de medios humanos y materiales y de recursos económicos nunca" se dio antes. "La mera creación dentro del departamento de Relaciones Ciudadanas de una Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos da fe de la importancia que aquel Gobierno confirió a esas políticas, políticas reales, con presupuestos y hechos objetivables y medibles", ha resaltado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha destacado que su grupo "condena la violencia venga de donde venga como forma para conseguir cualquier objetivo político" y ha indicado que "nos parece a veces un acto de hipocresía que se pongan los focos en algunas reparaciones y se obvie el mayor acto de violencia que hemos sufrido en Navarra, que es el de la violencia del terrorismo". "No podemos obviar que hay un elemento perverso en esta democracia, y es que todavía hay grupos parlamentarios que no han condenado la violencia de ETA y que hay otros grupos que pactan con los que no han condenado la violencia", ha afirmado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha asegurado que "durante demasiadas décadas el reconocimiento de algunas víctimas se vio desplazado a ámbitos privados, del asociacionismo o familiar, mientras las Administraciones públicas, de manera distante, obviaban su directa implicación en algunas de esas vulneraciones de derechos humanos". "La aprobación de la ley supuso un nuevo e importante hito en las políticas de memoria que se están desarrollando en Navarra", ha señalado.

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Amaia Otazu

Amaia Otazu

Graduada en Periodismo + International Media Programa en la Universidad de Navarra, cursó un máster...

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