Conflictividad en centros de menores de Navarra: "Salimos a un parte de agresión diaria por trabajadora"
Empleados de la intervención social en Navarra solicitan "medios adecuados" y un "replanteamiento del sistema"

El Centro de Observación y Acogimiento de Menores del Gobierno de Navarra en Marcilla es uno de los los recursos con los que cuenta la administración foral para atender a niños y adolescentes.

Pamplona
Una representación de los trabajadores del sector de la intervención social ha reclamado este martes en el Parlamento de Navarra el "replanteamiento" del sistema, que a su juicio "no está atendiendo las necesidades" actuales.
Así lo ha puesto de manifiesto Maitane Erro, que ha comparecido en una sesión de trabajo parlamentaria junto a Julen Ardanaz, Sara Legarda y Azahara de la Torre. La sesión, solicitada por EH Bildu, UPN, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, en un principio iba dirigida a los recursos residenciales para la protección de menores, si bien los ponentes han apostado por "ampliarlo a todo el sector de la intervención social, porque nos hemos dado cuenta de que la situación es parecida en todos los lados".
"Este sistema no está atendiendo todas las necesidades. Por eso pedimos, de cara a largo plazo, el replanteamiento de este sistema", ha subrayado Erro, que ha considerado "imprescindible" crear unos espacios de trabajo entre los técnicos del Gobierno de Navarra y los responsables de los servicios para analizar la situación y "mejorar" tanto las intervenciones como las situaciones de los trabajadores "con medidas adecuadas".
"Los trabajadores pedimos que se gestione directamente por parte del Gobierno de Navarra, dejando las subcontrataciones", ha remarcado. Entre otras cuestiones, Erro ha pedido "un cambio de las ratios" y la creación de "medios adecuados".
Por su parte, Julen Ardanaz ha criticado que la realidad "ha sufrido diversos cambios, pero el sistema de protección apenas ha sufrido cambios". "La sociedad cambia, pero los medios no se actualizan", ha dicho, tras añadir que el sistema "no está preparado" para todos los casos que atiende. "Esta situación nos lleva a que ocurran todo tipo de cuestiones en nuestros trabajos que hace que tanto las personas usuarias como las trabajadoras estemos, a todas luces, desprotegidas", ha manifestado.
En la misma línea se ha mostrado Sara Legarda, que ha subrayado que los trabajadores del sector "de media tienen un parte de agresión diaria registrado, más aquellas que no se registran". En concreto, ha destacado que en enero, "en un recurso concreto, se han registrado 61 agresiones verbales, 56 agresiones físicas, 47 por daños materiales y 6 por objetos arrojadizos". "Esto hace un total de 170 agresiones en el mes de enero. En muchos otros -recursos- habrá datos parecidos", ha comentado.
Por su parte, Azahara de la Torre ha advertido de que los perfiles de usuarios "han cambiado" y "nuestra salud está en riesgo". "Las trabajadoras hemos recibido agresiones físicas graves, como que una persona usuaria nos agarre del cuello hasta casi la asfixia, que nos amenacen de muerte y muchas otras cosas", ha advertido, tras añadir que "aun siendo agredidas, las trabajadoras velamos por el bienestar de las usuarias en todo momento".
"En más de una ocasión, las propias personas usuarias han sido las que han hecho la contención a otra usuaria porque nosotras, debido a los irrisorios ratios que hay, no hemos podido atender en ese momento. Y esto deja en evidencia que el sistema falla. Es una clara muestra de la ineficacia del sistema en responder a las necesidades de las usuarias y cómo se pone en riesgo la salud de las trabajadoras", ha manifestado.
En nombre de EH Bildu, Jabier Arza ha indicado que el sistema "está muy tensionado" y aunque "sabemos que se están haciendo cosas" por parte del departamento, "nos preocupa que no sea suficiente". "Nos preocupa que no se cambie a la misma velocidad y con la misma intensidad con la que están variando el número de personas atendidas y las características o necesidades de las personas atendidas", ha dicho, tras exigir un plan de choque para reforzar el sistema de acogimiento residencial.
Raquel Garbayo, de UPN ha criticado que lo relatado es "indigno y bochornoso" y que la respuesta del departamento al respecto "siempre ha sido que se está trabajando en ello y, básicamente, que las cosas están bien". "Ni todo está bien ni prácticamente se está trabajando en ello. Porque dicen que se están haciendo cosas, pero en vez de mejorar los datos, los datos van para atrás. Y cada vez tenemos más problemas", ha subrayado, tras añadir que "la sociedad cambia y los recursos y los medios no se han adaptado".
En nombre del PSN, Olga Chueca ha considerado que "habría que distinguir lo que serían los centros de primera acogida, donde tenemos la obligación de atender a las personas", y el resto de recursos como los acogimientos residenciales especializados. Además, ha añadido que "se está intentando cambiar la mirada hacia un modelo de desinstitucionalización, hacia un modelo de otro tipo de acogimiento en el que vosotros y vosotras tenéis mucho que decir".
Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha afirmado que "sabemos que se está trabajando" desde el departamento y que lo expuesto "son cosas muy serias y muy graves". "Contarán con nuestro apoyo y nuestro trabajo para, si esto es así, darle la vuelta a todo lo que está pasando", ha manifestado, para a continuación subrayar que "muchos problemas no son nuevos" y "no es la primera vez que escuchamos este tipo de problemas y de necesidades que tienen lugar en este ámbito".
Maribel García Malo, del PPN, ha considerado que es una situación "muy grave" y de "alarma social" a la que "no se le pueden poner paños calientes", que es lo que a su juicio "está haciendo el Gobierno" y "en ocasiones los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno". A su juicio, "los recursos están saturados, no hay profesionales suficientes para atender adecuadamente a estos menores, no hay instalaciones adecuadas, no hay presupuesto suficiente".
Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado el "agotamiento" del sistema de intervención actual, "sometido además a una enorme tensión que están pagando" los trabajadores. "Lo que relatan es una situación que nos obliga a repensar de manera integral el modelo de intervención social, no a escala foral, que también, sino en general, a escala estatal, a escala europea", ha apuntado, tras subrayar que "no tenemos la solución integral" pero "sí creemos que hay algunas cuestiones concretas y específicas" que "debemos abordar", como la "dignificación" de los profesionales.
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