El Parlamento convalida el Decreto para reducir la temporalidad en la Administración navarra

Pamplona

El pleno del Parlamento de Navarra ha convalidado este jueves, con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, el rechazo de UPN, PPN y Vox, y la abstención de Contigo-Zurekin, el decreto-ley foral de medidas extraordinarias y urgentes en materia de personal para la reducción de la temporalidad en las Administraciones públicas de Navarra.

Entre otras cuestiones, se establece un periodo mínimo de permanencia de dos años en la plaza obtenida en un procedimiento selectivo de ingreso antes de poder acceder a una excedencia voluntaria, la simplificación administrativa en los procesos selectivos y de provisión, y mejoras en las modalidades de ingreso en Salud para incentivar la ocupación de plazas de difícil cobertura.

La consejera de Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, recordado que la tasa de temporalidad se sitúa en el 16% y afirma que los "esfuerzos" llevados a cabo por el Ejecutivo foral en esta materia han sido "eficaces", pero no "suficientes" para conseguir el objetivo del 8%. Considera que este decreto-ley "puede ser la solución" a situaciones administrativas que están impidiendo que los procesos electivos y de provisión sean mas eficaces.

A su juicio, esta modificación normativa "permitirá, gracias a nuestra capacidad de autogobierno, dotar a la Administración foral de Navarra de las herramientas y mecanismos jurídicos necesarios para intentar alcanzar el 8% de temporalidad". Añade que lo hacen "a través de un decreto-ley foral, al concurrir una extraordinaria y urgente necesidad".

La oposición no avala el decreto

En el turno en contra, la parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, ha afirmado que debería de darles "vergüenza" presentar un texto "sin debate y rechazado por prácticamente todos los sindicatos de la función pública". El principal grupo de la oposición lo considera "un atropello y un menosprecio a los empleados públicos". A su juicio, "ni en la forma ni en el fondo tiene un pase esta norma" y critica que el Gobierno ha "abusado de una figura jurídica que solo debe usarse para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad y que debe ser excepcional" para sacar adelante este decreto.

Irene Royo, del PPN, ha indicado que "podría llamarse decreto fraude, decreto trampa o decreto timo, porque con la excusa de reducir la temporalidad en la Administración toman una serie de medidas que vulneran los principios de mérito y capacidad y discriminan a los funcionarios", algo que considera "inaceptable en un Estado de derecho". Según los populares el Gobierno de Navarra está "colando por la puerta de atrás métodos de admisión que más bien recuerdan a los procesos a dedo que a un proceso abierto en igualdad de condiciones de una oposición". El PPN anuncia que solicitará la tramitación como ley para poder presentar enmiendas.

Por su parte, Emilio Jiménez, del Grupo Mixto (Vox), ha comentado que está a favor de "buscar soluciones a esos problemas", pero defiende que "hay que hacerlo con seguridad jurídica". A su juicio, el texto "no ha sido trabajado ni negociado", y "no sabemos si se ha confeccionado de modo alevoso y desconocemos sus últimas razones". Concluye que "genera mucha incertidumbre que los sindicatos, exceptuando uno, muestren su rechazo al mismo".

Solicitan que se tramite como proyecto de Ley

Tanto la oposición como los grupos que sustentan el Gobierno de Navarra consideran "clave" que este decreto pueda tramitarse también como proyecto de Ley para que, como la que planteaba Ainhoa Unzu del PSN, "sea de aplicación también en las entidades locales".

Una postura con la que se muestra de acuerdo la parlamentaria de Geroa Bai, Blanca Regúlez, que ha considerado que las medidas del decreto-ley van a suponer "un avance no solo en la reducción de la temporalidad sino que se van a ver mejorados algunos de los procedimientos de ingreso o concurso, y va a redundar en la calidad de los servicios que va a obtener la ciudadanía a través de la regulación, por ejemplo, de las excedencias voluntarias".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha afirmado que las medidas adoptadas hasta el momento "han demostrado cierta eficacia y han contribuido a la reducción de la temporalidad", aunque "sin llegar a alcanzar un porcentaje tan reducido como el deseado". Por ello, "es necesario incrementar el ritmo de reducción" y cree urgente "la necesidad de introducir limitaciones a la concesión de excedencias voluntarias".

Contigo-Zurekin ha sido el único grupo que se ha abstenido y el parlamentario, Miguel Garrido, ha explicado que lo hacen "por la forma y no tanto por el contenido que plantea el decreto". Considera que "esa transformación que requiere la administración pública o se logra mediante un diálogo social real o no se logrará" y defiende que "necesitamos que tanto Gobierno como sindicatos se escuchen, se entiendan".