Dos adjudicatarios más renuncian a su casa en la promoción de viviendas protegidas de Maristas en Pamplona

Pamplona

Dos adjudicatarios más renuncian a su casa en la promoción de viviendas protegidas en el antiguo Colegio de Maristas de Pamplona, en la Avenida Galicia. El Consejo Rector dio plazo hasta este sábado 24 de mayo para posibles nuevas renuncias de adjudicatarios a los que se les devolverá el capital aportado. A partir de ahora, si algún adjudicatario más decide renunciar, se le aplicará una penalización de hasta el 20% de lo que hayan pagado. A las 17 personas que renunciaron antes de que la Asamblea General aprobase el 30 de abril los presupuestos para comenzar las obras, ya se les ha devuelto el dinero, pero las otras dos personas que han renunciado en el plazo concluido este sábado deberán esperar a que algún sustituto cubra su plaza, para no causar una merma económica a la cooperativa.

En estos momentos hay 23 plazas vacantes en las 108 viviendas protegidas del proyecto. A las 19 renuncias se suman 4 viviendas que el Gobierno de navarra no entregó en su momento cuando afloraron los primeros problemas. El Departamento de Vivienda deberá recurrir a su lista de espera para adjudicar las vacantes pendientes.

Dos subvenciones de más de 1 millón de euros

El presupuesto que la asamblea aprobó era mixto (80% de precio fijo y 20% variable) y los adjudicatarios no tenían que abonar sobrecostes en el momento, pero se reservaba un porcentaje para posibles sobrecostes futuros, que los usuarios dan por asumidos y que pueden agravarse ante la previsión de que no les concedan algunas subvenciones de cara a la obra

El Consejo Rector trabaja en dos posibles subvenciones. Una de unos 100.000 euros relativa a la descarbonización, que gestiona el Departamento de Industria y que ya les han trasladado que es factible; y otra del Ayuntamiento de Pamplona correspondiente a la rehabilitación del edificio, que sin embargo el consistorio ha adelantado, aunque no de forma oficial todavía, que es difícil que se la concedan, ya que el edificio de Victor Eusa nunca se utilizó para albergar viviendas en su interior. Esta subvención suponía en torno a 1.000.000 de euros, cuando vienen calculando unos sobrecostes de 1'3 millones como mínimo. Si el ayuntamiento no se la concede, los adjudicatarios deberán asumir como mínimo 15.000 euros por encima del precio marcado por la ley, según han explicado algunos de ellos a la cadena SER.