Maeztu (Derechos Sociales): "Nuestra apuesta decidida es por reforzar la atención en el domicilio en Navarra"

Navarra

El gran desafío en materia de dependencia es garantizar la sostenibilidad económica de un sistema que crece en número de personas atendidas y en recursos necesarios. Así lo afirma la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, en una entrevista en Hoy por Hoy Navarra en la que detalla la estrategia del Ejecutivo foral para responder a una demanda creciente.

“El gran reto que tenemos es hacerlo sostenible económicamente y poder responder a esa demanda creciente de servicios que año a año vamos viendo cómo aumenta”, señala Maeztu. La consejera subraya que Navarra lidera la inversión por persona dependiente, pero advierte de que el envejecimiento de la población obliga a planificar con urgencia. Navarra destinó el año pasado 208 millones de euros a la dependencia y se sitúa a la cabeza del país en inversión por persona dependeinte, con 11.921 euros. Son 4.569 euros más que la media invertida en el conjunto de España.

La estrategia del departamento se basa en reforzar los servicios de proximidad, con el objetivo de que las personas dependientes puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. “Nuestra apuesta decidida es por reforzar la atención en el domicilio, porque las personas dependientes así nos lo manifiestan una y otra vez cuando se les pregunta dónde quieren ser atendidas”, explica.

Entre los servicios que más crecen destacan la teleasistencia avanzada, los centros de día, la atención domiciliaria y las ayudas para contratar cuidadores profesionales. También se desarrollan programas de prevención de la dependencia, con el fin de retrasar al máximo la pérdida de autonomía.

Maeztu insiste en que “es importantísimo poder desarrollar una red de cuidados de proximidad que esté cercana a las personas en su domicilio”. Aunque reconoce la necesidad de recursos residenciales, el modelo navarro prioriza la atención comunitaria.

Plazos que superan la legalidad

En cuanto a los tiempos de valoración y concesión de prestaciones, la consejera admite que actualmente se sitúan “un poco por encima de los seis meses que marca el plazo legal”, debido al aumento de solicitudes. “Estamos en cuatro meses en la valoración. Nuestros esfuerzos van dirigidos a reducir esos plazos para alcanzar los plazos legales e incluso estar por debajo, como ya estábamos en 2022”, afirma.

La coordinación con los ayuntamientos y el sistema sanitario es otro eje clave. Maeztu destaca el trabajo conjunto en el plan de atención sociosanitaria, que busca no solo atender a las personas dependientes, sino también evitar que más personas lleguen a serlo. “Queremos que aquellas personas que han perdido su autonomía la recuperen cuanto antes”, apunta.

Sobre la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, la consejera explica que el cambio en el sistema de concesión responde a la necesidad de evitar usos inadecuados. Reconoce que los plazos actuales superan los legales, pero asegura que se refuerzan los equipos de valoración y se estudian medidas para agilizar el proceso.

“El envejecimiento es una realidad y tenemos que prepararnos para atender a todas esas personas que van a necesitar cuidados dentro de 10 años”, concluye Maeztu, quien insiste en que la atención a la dependencia es una cuestión de presente y de futuro.