El Supremo rechaza la personación del Gobierno de Navarra como acusación particular en el caso Cerdán

Pamplona

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado que el Gobierno de Navarra se persone como perjudicado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En una providencia dictada este mismo lunes, el instructor sostiene que el escrito presentado por el Gobierno de Navarra, "en extremo lacónico, omite efectuar referencia alguna a qué concretos hechos (y/o eventuales figuras delictivas), de entre los que conforman el objeto de la presente causa especial, determinarían la condición de víctima o perjudicado" del Gobierno foral.

Fue el pasado viernes cuando el Gobierno de Navarra celebró una sesión extraordinaria para acordar su personación como acusación en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, después de que trascendiera el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que la presunta trama conformada por Ábalos, Koldo y Cerdán actuó también en Navarra.

Los agentes sitúan a Cerdán como el origen de una trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que habría comenzado en 2015 con él y Koldo en Navarra --su área de influencia-- y habría crecido en paralelo a su ascenso político, y el de Ábalos, hasta tener el Ministerio de Transportes como epicentro.

El informe se apoya en ocho audios grabados por el propio Koldo entre 2019 y 2023 que contienen conversaciones con Cerdán y Ábalos. De ellas se desprende que la relación de este trío fue fluctuando: en un primer momento Cerdán estaría a los mandos pero las tornas cambiaron con el desembarco del tándem Ábalos-Koldo en el Ministerio y, finalmente, éstos --ya defenestrados-- le acabaron persiguiendo en busca de oxígeno económico.

La UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, OPR y LIC. La Guardia Civil calcula que solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.

Al margen de dicho informe, los agentes encontraron en el registro realizado el pasado 10 de junio en el domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola un documento que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública. Los investigadores precisan que se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

El pasado miércoles, Ramón Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra tras las investigaciones de la UCO. Alzórriz informó en una rueda de prensa de que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%.

El Gobierno navarro volverá a pedir la personación ante el Supremo si mediase un posible daño para la Hacienda Foral

El Gobierno de Navarra volverá a solicitar la personación ante el Tribunal Supremo si en la causa penal del 'caso Cerdán' se observara un posible daño para la Hacienda Foral en la adjudicación de contratos de obra pública. Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo navarro, Félix Taberna, tras conocer la desestimación como acusación particular del Gobierno navarro en providencia dictada este lunes por el juez instructor.

Además de expresar el acatamiento de la resolución judicial, el vicepresidente Taberna ha reiterado la firme determinación del Gobierno de Navarra de procurar la "absoluta transparencia", aun sin constar ninguna ilegalidad en las adjudicaciones del Ejecutivo foral, ha dicho.

Con esa vocación ha indicado que el Gobierno de Navarra aprobó este viernes en sesión extraordinaria la personación ante el Tribunal Supremo, desde la premisa de que al menos parte de las empresas citadas en el informe de la UCO de la Guardia Civil han resultado adjudicatarias de obra pública del Ejecutivo foral y, por tanto, éste podía ser víctima de los hechos que se están enjuiciando, ha expuesto el Gobierno en una nota.

La iniciativa se adoptó "en defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra" y está alineada con las auditorías ya anunciadas como "garantías adicionales", sin prejuzgar ninguna eventual ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, ha comentado.

A los efectos de "erradicar cualquier eventual sombra de duda" sobre las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, ha continuado el Ejecutivo, la presidenta Chivite instó a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción el examen suplementario de sendas promociones de vivienda protegida en Egüés y Ripagaina, la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de oficinas en el Navarra Arena y la duplicación del túnel de Belate.

La misma solicitud se formuló al Parlamento de Navarra para su encargo a la Cámara de Comptos con la excepción del contrato de Belate, sobre el que el órgano fiscalizador ya emitió informe. Con posterioridad se ha incorporado a ese doble listado abierto la adjudicación del Colegio Público de Arbizu.