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El Gobierno de Navarra no actuará como avalista en la promoción de vivienda protegida de Maristas

Desde el Ejecutivo apuntan que "no está en disposición de poder actuar como avalista en una operación de estas características y de esta naturaleza"

Begoña Alfaro, consejera de Vivienda / Jesús Diges (EFE)

Begoña Alfaro, consejera de Vivienda

Pamplona

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que, "tras analizar y estudiar de forma detallada la solicitud de aval para hacer frente a las exigencias del préstamo promotor de una entidad financiera de la conocida como promoción Maristas dos, lamentablemente tenemos que comunicar que el Gobierno de Navarra no está en disposición de poder actuar como avalista en una operación de estas características y de esta naturaleza".

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En primer lugar, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, porque el Ejecutivo foral "mantiene dudas razonables de que esta promoción se pueda edificar en base a los precios oficiales de módulo vigentes a la fecha de la calificación provisional, que fue en mayo del 2023, ya que, además, la Asamblea de los Cooperativistas, que se celebró el pasado 30 de abril, la mayoría de los adjudicatarios y adjudicatarias votaron por una fórmula abierta que deja en el aire qué precio final puedan llegar a tener estas viviendas".

Según Alfaro, el Gobierno "tiene que velar por que se cumpla la legalidad en cuanto a requerimientos técnicos y económicos y de precio final para otorgar la calificación definitiva" de "todas las viviendas protegidas". "Y sería un contrasentido que se convirtiera el Gobierno en juez y parte avalando un proyecto sobre el que tendrá que posicionarse a futuro sobre si cumple o no los requisitos para ser calificado como vivienda pública", ha dicho.

En segundo lugar, ha argumentado que "nunca el Gobierno de Navarra ha avalado una operación de créditos hipotecarios privados para la adquisición de vivienda". "Y de hacerlo ahora se crearía un precedente de dimensiones que no podemos calcular con futuras operaciones de compraventa de vivienda protegida, bien sea VPO, bien sea VPT, en la que futuros adjudicatarios de estas viviendas podrían reclamar igualmente a Gobierno su mediación en lo que es un acto intrínsecamente privado entre particulares y las condiciones a las que lleguen a pactar con una entidad financiera", ha advertido.

Por último, ha remarcado que "una decisión de este sentido y a estas alturas supondría cambiar las normas a mitad del partido", ya que "introduciríamos un factor desconocido por cooperativistas que en estos últimos meses han tomado la decisión de renunciar a estas viviendas". "Ahora se harían eco de un hecho que no se contemplaba en el momento en que ellos tomaron la decisión de renunciar", ha manifestado, tras recordar que "de los adjudicatarios iniciales han renunciado en torno a un 25%".

"Por tanto, sería introducir un elemento con el que ellos no contaban a la hora de tomar una decisión de este alcance. Por todo ello, hemos tomado la decisión de no actuar como avalistas en esta operación. Decisión que, por supuesto, hemos comunicado al Consejo Rector de la Cooperativa", ha manifestado.

 

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