Las objeciones al acuerdo municipal de Los Caídos en Pamplona

Pamplona

El grupo técnico de la agrupación de asociaciones memorialistas ha presentado nueve alegaciones contra la modificación del catálogo urbanístico que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona para intervenir en el entorno del Monumento a los Caídos. Enrique Miranda, miembro de este grupo, denuncia que el consistorio pretende “camuflar” una reforma urbanística de gran calado bajo una simple modificación del catálogo, con el objetivo último de conservar el edificio franquista.

“El Ayuntamiento lleva empeñado desde octubre en no derribar el edificio”, afirma Miranda. Según explica, los tres partidos que apoyan la iniciativa —PSN, EH Bildu y Geroa Bai— han optado por modificar el catálogo en lugar de reformar el plan municipal, lo que permitiría realizar pequeñas intervenciones sin alterar la estructura del edificio. “Tienen dos objetivos: mantener el valor simbólico del monumento como segundo símbolo franquista del Estado y permitir el derribo de las arcadas laterales para remodelar la Plaza de la Libertad”, resume.

Para Miranda, esta operación implica de facto una modificación del Plan municipal, ya que afecta a la alineación del edificio, al uso del suelo y a la configuración del espacio público. “La mitad de la parcela dejaría de ser dotación cultural para pasar a ser viario público. Eso es una modificación estratégica del urbanismo de la ciudad”, sostiene.

Las asociaciones memorialistas por el derribo de los Caídos consideran que esta vía es nula de pleno derecho y que el Ayuntamiento debería haber optado por una modificación estructurante del plan, con participación ciudadana y consulta a los organismos competentes. “La ley foral de ordenación del territorio exige participación previa en actuaciones de este tipo. Aquí no se ha contado ni con las asociaciones memorialistas ni con la ciudadanía”, denuncia Miranda.

Además, el grupo memorialista sostiene que la propuesta vulnera la ley estatal de memoria democrática, aprobada en 2022, que obliga a eliminar los símbolos franquistas. “El propio documento reconoce que el edificio se mantiene por su valor emblemático como monumento franquista. Eso contradice la ley”, afirma.

Un catálogo de edificios que "no está en vigor"

Una de las alegaciones presentadas por el grupo incide en que el catálogo que se pretende modificar no está en vigor, ya que no fue publicado íntegramente en 2003. “No se publicaron las fichas particulares, ni la del Monumento a los Caídos ni la de ningún otro edificio. Según el artículo 9.3 de la Constitución, una norma no entra en vigor si no se publica en su integridad”, argumenta Miranda. Por ello, reclaman la anulación del acuerdo municipal.

El portavoz memorialista también critica la tramitación de urgencia de la reforma, tanto de la ley de memoria democrática en el Parlamento como del procedimiento urbanístico en el Ayuntamiento. “Tienen mucha prisa. Dicen que harán un concurso y que después darán participación a la ciudadanía, pero ya no se tendrá en cuenta la opción del derribo”, lamenta.

Miranda insiste en que la única forma de eliminar el símbolo franquista es su demolición. “No se trata de cambiarle la cara, sino de derribarlo. Así se ganaría espacio urbano y se haría justicia con las víctimas del franquismo”, defiende. Según explica, el propio documento aprobado reconoce que el edificio no tiene valor arquitectónico, por lo que no habría impedimento legal para su derribo.

Las asociaciones memorialistas reclaman que se respete su derecho a participar en los procesos relacionados con la simbología franquista, tal como establece la ley de memoria de Navarra. “La ciudad ganará en urbanismo y en dignidad democrática si se derriba el monumento. Las víctimas del franquismo tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, sentencia.