Juicio contra la macrogranja de Caparroso por un vertido de 2021

Pamplona

El juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona acoge un juicio por la contaminación producida supuestamente por la actividad de la macrogranja de Caparroso 'Valle de Odieta' en el río Aragón en 2021 ante el que organizaciones ecologistas esperan una "sentencia ejemplar" que "siente también un precedente en la lucha contra el destructivo modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas".

El proceso va a enjuiciar las posibles responsabilidades de las personas físicas que conformaban entonces el Consejo de Dirección de Valle de Odieta.

Coincidiendo con el inicio del juicio, representantes de Sustrai Erakuntza y Greenpeace se han concentrado en el Palacio de Justicia encabezados por una pancarta en la que se leía "STOP ganadería industrial. No nos callarán".

En febrero de 2021, según han indicado, se produjo "un grave episodio de contaminación, presumiblemente por regar con digestato (el residuo resultante del proceso de biometanización de los purines de Valle de Odieta) parcelas agrícolas cercanas a sus instalaciones, utilizando un sistema de riego por aspersión".

Según denuncian, la contaminación podría haber provocado importantes escorrentías de purines, que habrían llegado a generar auténticas cascadas por los barrancos de la zona pudiendo llegar a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga y a áreas próximas al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.

El Ministerio Fiscal acusa a dos personas del Consejo de Dirección de Valle de Odieta por delitos contra el medio ambiente cometidos por imprudencia grave. Para ellas solicita penas de cuatro meses y medio de prisión, multa de ocho meses a razón de 20 euros diarios, e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la ganadería, según la citada fuente.

La acusación popular amplía las acusaciones a todas las personas que formaban el Consejo de Dirección, elevando las peticiones de pena hasta los tres años de prisión.

En defensa del medio ambiente y la salud de las personas

Las organizaciones ecologistas, según Pablo Lorente, portavoz de la Plataforma en contra de las Macrogranjas, tienen "la esperanza de que se dicte una sentencia ejemplar, que no solo sirva para que la empresa pague por su actividad delictiva, sino que siente también un precedente en la lucha contra el destructivo modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas".

Han advertido que van a continuar "vigilantes para que el proceso judicial se lleve a cabo con todas las garantías, y que se defiendan el medio ambiente y la salud de la población ante la contaminación que las empresas de macrogranjas en general provocan tanto en los suelos agrícolas como en las aguas superficiales y subterráneas".

Al respecto, Lorea Flores, portavoz de la Plataforma y coordinadora de Greenpeace en Navarra, ha apuntado que "la contaminación por nitratos de origen agrícola y ganadero se está extendiendo" lo que, ha añadido, ha llevado al Gobierno a aumentar las zonas contaminadas por nitratos de las cuatro que así estaban designadas en los años anteriores a doce.

Tras afirmar que la situación es "grave y "preocupante, han reprochado al Ejecutivo que "lejos de corregirse, sigue apuntalando el modelo ganadero industrial con inadmisibles consecuencias en la salud, en la calidad del medio ambiente y en el tejido ganadero local". En esa línea han dicho no comprender que haya renunciado a personarse como parte interesada en esta causa.

"No se trata de un posible caso de contaminación puntual, sino que este caso es el resultado de un modelo ganadero con fuertes impactos medioambientales, sociales y de salud", han remarcado por lo que han reclamado "la implicación efectiva del Gobierno en la defensa e integridad de los espacios protegidos que son de su incumbencia, así como de la salud de los navarros", así como "una postura enérgica frente al lobby agroganadero industrial".

Ampliación de la macrogranja

El juicio coincide en el tiempo con la decisión del Gobierno Foral en dar luz verde al informe de impacto medioambiental, lo que permitirá una ampliación de la macrogranja.

Esa ampliación comprende pasar de 7.200 a casi 8.000 cabezas de vacuno adulto de leche, y de las plazas de recría en casi 1.500 terneras y 700 novillas mayores y sin que el proyecto introduzca cambios en las instalaciones. El visto bueno lo ha dado el Departamento de Medio Ambiente al impacto ambiental, aunque le pone una serie de condicionantes a la empresa.

El informe reconoce que la macrogranja se sitúa cerca de hábitats de interés y que debe tenerse en cuenta la afección a la fauna, la conservación de la integridad de las Bardenas Reales y tramos bajos de los ríos Aragón y Arga.

Medio Ambiente estima que la solución adoptada en la gestión de los purines introduce una mejora significativa al reducir impactos sobre el suelo, las aguas, la biodiversidad y el medio social.

La conclusión del informe, ya publicado en el Boletín Oficial, es que el proyecto es ambientalmente viable y, por lo tanto, le permite desarrollar la ampliación.