El informe de una auditoría externa sobre adjudicaciones de Nasuvinsa, coincidente con el de Anticorrupción de Navarra
La empresa PKF, encargada de auditar los contratos del Gobierno de Navarra con Acciona y Servinabar, relata siete incumplimientos de la Ley Foral de Contratos Públicos
Tomekbudujedomek
Pamplona
Cada uno de los contratos suscritos por el Gobierno de Navarra con las empresas que aparecen en la investigación de la Guardia Civil está pasando un triple filtro de fiscalización. La SER ha tenido acceso al realizado por la empresa PKF a las adjudicaciones de Nasuvinsa a las dos promociones de VPOs en el barrio de Ripagaina.
Las conclusiones de la empresa PKF son coincidentes con las de Anticorrupción. Detecta siete incumplimientos de la Ley Foral de Contratos Públicos, entre ellos, por ejemplo, la ausencia de las actas del tribunal que decidió la adjudicación de las obras.
El nuevo informe que ha recibido el Gobierno Foral ha sido remitido a la comisión parlamentaria de investigación para el conocimiento de todos los grupos políticos.
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Incumplimientos de la Ley Foral
Los incumplimientos de Nasuvinsa recogidos en el informe de investigación de KPF afirma que no se incluyeron en el cálculo del valor estimado las modificaciones previstas al alza, no consta el acta de admisión de participantes ni se ha podido verificar la constitución del aval bancario de 30.000 euros exigido en el pliego.
Tampoco se han aportado actas de apertura y valoración de ofertas, lo que impide comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos.
La adjudicación se publicó fuera de plazo en el Portal de Contratación y detecta la ausencia de publicación trimestral en uno de los once expedientes analizados.
Y el informe también concluye que Nasuvinsa introdujo cambios en materia de amueblamiento mínimo, instalación de cocinas, mamparas y cámaras de vigilancia (CCTV), calificándolos de “indispensables e imprevisibles”, aunque no ha sido posible comprobar esta justificación al no constar fecha en el documento de requisitos de arquitectura que los respaldaba.
El trabajo se ha limitado a aplicar los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública, sin constituir una auditoría ni implicar una opinión global sobre la legalidad de las adjudicaciones.
El auditor recalca que sus hallazgos deben interpretarse teniendo en cuenta que otros aspectos legales o técnicos podrían dar lugar a valoraciones diferentes, y subraya que la responsabilidad sobre la suficiencia de los procedimientos corresponde exclusivamente a la CPEN.