El Parlamento de Navarra rechaza que se inicien trámites para impugnar los contratos de Belate y de VPO

Pamplona

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por el PPN que instaba al Gobierno foral a iniciar los trámites para la declaración de lesividad del contrato de obras de duplicación del túnel de Belate y de las obras de construcción de 46 VPO en régimen de alquiler en Erripagaña, tras los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

El PPN ha recabado el único apoyo de Vox y la parlamentaria no adscrita, mientras que UPN se ha abstenido y PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

Según ha explicado el PPN, el recurso de lesividad es un procedimiento excepcional en el derecho administrativo navarro que permite a la Administración pública, en un plazo de cuatro años, impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa sus propios actos administrativos cuando estos resultan lesivos para el interés público. Este procedimiento, que no es un recurso en el sentido tradicional sino una acción judicial iniciada por la Administración, actúa como un presupuesto procesal para que un órgano judicial determine si el acto debe ser anulado, "protegiendo así la legalidad y el interés general".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "los informes de la Oficina Anticorrupción hablan de una acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y claramente palmarios que exceden de meras irregularidades administrativas y señalan que varios de los contratos deberían ser nulos de pleno de derecho". "La moción tiene un propósito claro, defender el interés público frente a decisiones contractuales que presentan indicios serios de ilegalidad. El recurso de lesividad no es un capricho político ni un instrumento de confrontación", ha señalado, para destacar que sería "un procedimiento paralelo al proceso abierto por el 'caso Cerdán".

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez a UPN ha afirmado que "la Oficina Anticorrupción concluye en tres contratos que la adjudicación es nula de pleno derecho" y ha considerado que el objetivo de la moción es "absolutamente loable". Sin embargo, ha señalado que el camino que plantea el PP es el que habría que seguir "si el acto fuera anulable, pero es que Anticorrupción dice que es nulo". Así, ha añadido que el procedimiento de revisión de actos nulos "implica iniciar el procedimiento desde el Gobierno, pedir un dictamen del Consejo de Navarra y, si éste confirma la nulidad de pleno derecho, anular el acto por el propio Gobierno desde el inicio, como si nunca se hubiera producido".

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha afirmado que "es cierto que la Oficina Anticorrupcióne cree que ha habido una nulidad, pero, ¿no es cierto también que la Cámara de Comptos no ha visto un caso de nulidad de pleno derecho?". "Efectivamente tenemos unos informes de la OANA, y los tenemos porque nuestra presidenta, al menor atisbo de irregularidades, lo que ha hecho es solicitar tres auditorías, entre ellas ésta. Y cuando la OANA ha pedido documentación, el Gobierno la ha encontrado", ha expuesto, para reprochar al PP que en una sentencia judicial quedó reflejado que "sobreescribió 35 veces" discos duros que posteriormente fueron "rayados y eliminados".

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha planteado "si estamos en condiciones de afirmar en este momento que lo procedente en relación al contrato de las obras del túnel de Belate es iniciar un procedimiento de declaración de lesividad para, una vez adoptado este acuerdo, impugnar el contrato". "¿Usted cree que hay elementos jurídicos suficientes para llegar a esta conclusión?", ha preguntado Araiz al portavoz del PPN y ha señalado que "este planteamiento podría ser objeto de las conclusiones de una comisión de investigación", pero ha comentado que "en estos momentos es extemporáneo".

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha acusado al PPN de presentar la moción con "prisas" y ha considerado que la iniciativa es "bastante justa jurídicamente". "No ha tenido en cuenta qué tipo de acción se podía hacer, e incluso con la motivación que señala en la moción, no tiene en cuenta los requisitos, mezcla la declaración de lesividad con el recurso de lesividad, para pedir únicamente la declaración. Ha mezclado todo", ha dicho.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha indicado que "si la OANA estuviera en lo cierto y efectivamente los contratos fueran nulos de pleno derecho, lo que pasaría es que nunca habrían existido estos contratos y estaríamos en otro escenario, y si la OANA no tiene razón tampoco tiene sentido porque no se fundamenta en nada más".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que, tras conocer los informes de la OANA, "un Gobierno serio, decente y honrado, hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera hecho algo". Así, ha considerado que el Ejecutivo debería haber acudido a la Fiscalía, iniciar el procedimiento que plantea la moción del PP, y "cesar a quienes consideren responsables de semejantes tropelías o en su defecto admitir como propia las responsabilidades y pedir perdón y dimitir y convocar elecciones". "¿Saben qué han hecho de estas tres cosas? Ninguna", ha censurado.