Estrasburgo condena a España por la cadena de errores que dejó sin condena la denuncia por violación de dos jóvenes de Pamplona

Pamplona-Iruña

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por la mala praxis judicial y policial en el caso de una presunta doble violación con sumisión química ocurrida en Pamplona en 2016 y que no llegó a juicio.

El tribunal europeo, máximo órgano judicial europeo en materia de derechos humanos dependiente del Consejo de Europa, ha hecho pública la sentencia que resuelve la demanda presentada en noviembre de 2023 por las dos víctimas, jóvenes pamplonesas, que denunciaban que, tras haber sido violadas en diciembre de 2016, después de que se anulara su consciencia y su voluntad y se les privara de todo sentido suministrándoles algún tipo de sustancia de sumisión química (burundanga), estas violaciones quedaron impunes porque los juzgados y tribunales navarros archivaron el caso sin celebrar ningún juicio.

Los hechos se remontan a diciembre de 2016. Las dos denunciantes entablaron conversación con dos hombres en un bar del casco viejo de Pamplona y acabaron despertándose en el domicilio de uno de ellos, en un piso del barrio de Erripagaña, desnudas, con hematomas y dolores y con la sensación de haber mantenido relaciones sexuales.

Denunciaron lo ocurrido y la Policía Nacional detuvo a los dos hombres. Lo hizo la unidad de Familia y Mujer de este cuerpo en la que trabajaba el cuñado de uno de ellos. Al comenzar la instrucción judicial, varias de las pruebas clave desaparecieron en custodia policial. Se perdió el rastro del informe forense sobre los datos de los teléfonos móviles de los procesados. Desaparecieron también parte de las imágenes de las cámaras del bar donde se conocieron las chicas y los acusados y, por último, fue borrado por completo el disco duro donde se almacenaban todos los datos del los dispositivos móviles de los dos hombres.

La desaparición de estas pruebas acabó en el archivo del caso pero se abrió un proceso separado para estudiar su desaparición que también acabó archivado en 2021 por la imposibilidad de encontrar indicios claros de quién y cómo se habían eliminado esas pruebas.

Por unanimidad de todos sus miembros, el tribunal considera que se vulneraron los derechos de las dos víctimas a no ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes, y a que las autoridades policiales y judiciales protegieran su integridad física y moral, así como el derecho a un juicio justo con todas las garantías y en un plazo razonable, derechos garantizados por los artículos 3, 6 y 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer.

Por ello, condena al Estado a indemnizar a cada una de las dos víctimas con 20.000 euros para el resarcimiento de los daños psicológicos, morales y a la dignidad; y al pago de 5.000 euros en concepto de reembolso de costas y gastos del proceso judicial que, finalmente, desembocó en la alta instancia judicial europea.