Denuncian irregularidades en el proceso electoral del Colegio Navarro de Periodistas

Pamplona

El Colegio Navarro de Periodistas / Nafarroako Kazetarien Elkargoa ha iniciado este mes de diciembre un proceso electoral para renovar sus órganos de gobierno, que según denuncian miembros de la anterior junta carece de garantías, es opaco y se está impidiendo la libre concurrencia de candidatos y candidatas.

El pasado 8 de septiembre de 2025, ocho de los diez miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Navarro de Periodistas presentaron formalmente su dimisión, en un ejercicio “de responsabilidad institucional”, como hicieron saber en su carta de renuncia. Entre los argumentos destacaron la falta de actividad, la dejadez institucional y el incumplimiento sistemático de los propios estatutos.

La dimisión de gran parte de la junta de gobierno se produjo tras años de parálisis del organismo. Las primeras elecciones para renovar la junta debían haberse convocado en 2021, pero nunca tuvieron lugar. El decano del colegio, Miguel Ángel Barón, y el vicedecano, Patxi Pérez, que llevan más de 17 años ejerciendo la representación de esta profesión también a través de la Asociación de Periodistas de Navarra, no consideraron oportuno celebrar elecciones ni renovar la junta. Desde entonces y durante varios años, incumpliendo los propios estatutos del Colegio Navarro de Periodistas, dejaron de celebrarse y convocarse asambleas ordinarias —que deberían ser mensuales—, ni tampoco hubo en este tiempo rendición de cuentas ni se convocaron las asambleas generales anuales. Tampoco se cubrieron ni sustituyeron dos puestos clave que habían quedado vacantes como el de tesorero y el de secretario general desde 2020 y 2024 respectivamente, provocando un insoslayable vacío institucional. Con las dimisiones de septiembre se pretendía forzar un proceso de renovación de la junta según lo estipulado en el artículo 31 de los estatutos.

Desde ese momento, y conforme a los estatutos del Colegio y al marco legal (Ley Foral 4/2017, Ley Foral 3/1998 y Decreto Foral 375/2000), el decano y el vicedecano en funciones estaban obligados a informar a los y las periodistas que están inscritos en el Colegio de la disolución de la Junta y convocar un proceso electoral con las debidas garantías democráticas en el plazo máximo de un mes. Sin embargo, esto no se produjo.

Dos meses más tarde, las únicas dos personas que seguían en sus cargos —decano y vicedecano— se limitaron a enviar un e-mail de agradecimiento a los miembros dimitidos para destacar el trabajo realizado hasta entonces y lanzar una invitación a una reunión para encauzar el asunto. Los componentes de la junta insistieron en que la decisión de renunciar a sus cargos y exigir el cumplimiento de los estatutos era irrevocable.

Invalidación de las candidaturas

Finalmente, el pasado 12 de noviembre todos los y las periodistas colegiadas recibieron un correo electrónico en el que se les citaba a un proceso electoral convocado por el decano y vicedecano en funciones, que han concentrado todo el procedimiento de elecciones en una única jornada el próximo sábado 27 de diciembre, sin calendario ni comisión electoral independiente, ni capacidad de hacer campaña ni delegar el voto. Actualmente y salvo rectificación, tan solo concurrirá una lista oficial encabezada por el actual vicedecano en funciones, Patxi Pérez. Esto ha sido así, tras la anulación de otras listas que pudieran competir con ellos. Se da la circunstancia de que el decano y del vicedecano en funciones son al mismo tiempo candidatos a la reelección en única lista electoral y las personas encargadas de velar por el buen cumplimiento del proceso electoral. Y son ellos mismos quienes han anulado la concurrencia de otra lista alternativa.

Un grupo plural de colegiados y colegiadas —entre ellos tres miembros de la junta dimitida— presentaron una candidatura completa, en plazo y conforme a todos los requisitos formales. El envío se realizó por correo oficial certificado el 27 de noviembre de 2025 a las 13:40h, fecha que consta en el matasellos oficial, después de tratar de entregarlo en persona y encontrarse la sede cerrada. Esta candidatura ha sido inadmitida por decisión del vicedecano, Patxi Pérez, alegando que se entregó fuera de plazo. En ausencia de una junta electoral o una comisión independiente que lo certifique, es imposible comprobar si otras candidaturas fueron presentadas en tiempo y forma. Esto no solo supone una colisión de intereses inadmisible en cualquier proceso electoral limpio, sino que vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo, a la igualdad y a la participación democrática.

La inadmisión de una candidatura válida, enviada dentro del plazo oficial, no es un simple error técnico. Es un acto político de exclusión deliberada que empaña la legitimidad de las elecciones, rompe con el espíritu fundacional del Colegio Navarro de Periodistas y socava la confianza de la profesión en su propia institución. El Colegio Navarro de Periodistas fue creado en 2017 por el Parlamento de Navarra mediante una ley foral con el mandato de representar a toda la profesión periodística en la Comunidad Foral, estuvieran sus miembros colegiados o no. Se trata de una corporación de derecho público, con funciones de regulación, representación y vigilancia del ejercicio profesional del periodismo, en nombre de toda la ciudadanía navarra. No solo sirve a los propósitos profesionales de los que ejercen este oficio, sino a todas aquellas personas que en un mundo cada vez más polarizado, inundado de noticias falsas y desinformación, quieran encontrar en esta institución un lugar en el que reclamar rigor y honestidad a sus informantes.

Es por eso que los miembros que formamos parte tanto de la anterior junta como de la actual lista electoral rechazada exigimos la admisión inmediata de la candidatura, la anulación de la proclamación provisional realizada sin garantías, la constitución de una mesa electoral imparcial y ajena a las candidaturas concurrentes. Así como la rectificación urgente del calendario electoral para garantizar un proceso justo, plural y transparente. Lo que está en juego es la salud democrática del Colegio Navarro de Periodistas, su credibilidad ante la sociedad y su capacidad para representar con dignidad a quienes defendemos cada día el derecho a la información y la libertad de prensa.