Luz en el túnel de los abusos en la Iglesia navarra tras siete años de denuncias: "Hemos abierto puertas y ha sido un camino duro"
Las víctimas reclaman que el nuevo acuerdo Iglesia-Estado se traduzca en gestos reales y compensaciones justas
Indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia navarra: ¿cuál es la situación actual?
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Pamplona
El proceso de reparación a víctimas de abusos en instituciones religiosas avanza en España con un acuerdo histórico entre la Iglesia y el Estado, pero las dudas persisten. El pacto prevé que la Iglesia asuma el coste de las indemnizaciones, sin que el Estado aporte fondos, y que el Defensor del Pueblo actúe como garante en caso de discrepancias. Sin embargo, la aplicación práctica está lejos de ser inmediata. “Ese acuerdo, que ha sido objeto de una firma rimbombante, está completamente por desarrollar”, advierte Marcos Leyún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra. “Si quieren atender a todas las víctimas, solo con las que recoge El País ya serían casi 2.500, con lo cual veo difícil que ese proceso pueda remitirse en un año o en dos años”.
El informe del Defensor del Pueblo, calificado como “valiente” por las asociaciones, marcó un punto de inflexión tras décadas de silencio y negación. “La Iglesia decía que era una cuestión de cuatro manzanas podridas, luego continuó diciendo que el informe era falso”, recuerda Leyún. Hoy, la Conferencia Episcopal ha aceptado que se hará cargo de todas las indemnizaciones, un gesto que las víctimas consideran imprescindible para cerrar heridas. “Lo que queremos es que no tenga que ser el pueblo quien pague el dinero”, subraya José Luis Pérez, una de las personas afectadas. “La Iglesia recibe cada año muchísimos millones de euros, así que tiene dinero”.
Aun así, la reparación económica no basta para compensar el daño. “No hay dinero en el mundo que pague un dolor así”, afirma Pérez. “Es una cicatriz que el dinero no va a borrar, prácticamente no lo va a borrar nada”. Las asociaciones insisten en que la cuantía debe ser proporcional y justa, algo que no siempre ocurre en los programas actuales. “Las indemnizaciones que nos ofrece la comisión PRIVA y los Maristas son ridículas”, denuncia Leyún. “Comparando con las que fija la comisión para abusos equivalentes, las nuestras no llegan ni a la mitad”.
Los casos de Maristas
En Navarra, cuatro casos vinculados a los Maristas han estado bloqueados durante semanas pese a contar con dictámenes favorables desde noviembre y diciembre. “Todos los retrasos suponen una revictimización”, lamenta Marcos Leyún Leyún, que denunció abusos en el antiguo colegio de Pamplona. La comunicación llegó a última hora, pero con cifras que las víctimas consideran insultantes. “Hasta dónde se puede cuantificar el dolor de una persona durante toda una vida”, cuestiona Pérez, que acaba de firmar su acuerdo en el arzobispado. “Lo que más me ha dolido es que en esos informes no aparece el nombre de mi hermano ni su relato, ni su sufrimiento”.
El camino hacia la reparación sigue siendo largo y doloroso. “Cada vez que me acerco al arzobispado tengo que conseguir meter más oxígeno en mis pulmones”, confiesa Pérez. “Es un sufrimiento añadido, pero necesario”. Las víctimas reclaman que el nuevo modelo no se quede en una declaración de intenciones y que las indemnizaciones reflejen la gravedad de los hechos. “Hay que dar paso a la justicia”, concluye Leyún, convencido de que la presión social y mediática ha obligado a la Iglesia a moverse. “Estamos agotados, pero no por ello nos faltan fuerzas para seguir empujando puertas”.
