Las viviendas municipales de Pamplona podrán ser habitadas hasta seis años con seguimiento personalizado

Pamplona

Pamplona contará con una ordenanza "pionera en su ámbito" para gestionar el servicio público de vivienda, enfocado a la inclusión social, con itinerarios definidos y acompañamiento profesional, cuya acción permita una evolución en los usuarios para que estas soluciones habitacionales no sean finalistas sino de mayor rotación.

Lo han anunciado así los ediles Txema Mauleón y Joxe Abaurrea, quienes junto a la directora de área de Urbanismo y Vivienda, Uxua Domblás, quienes han explicado el grueso de la nueva ordenanza que la próxima semana avanzará en su tramitación al pasar por la Junta de Gobierno y por la Comisión de Urbanismo.

Abaurrea ha señalado que la ordenanza no aumenta el número de viviendas municipales (actualmente 613, de las que 418 están destinadas a usos sociales), sino que actualiza y reordena la gestión y uso, actualmente "con muy poca rotación", lo que en la práctica da un no deseado "uso finalista" a estas viviendas, pensadas en principio para su ocupación temporal.

Y esto se hará, ha dicho Txema Mauleón, introduciendo "una metodología de acompañamiento social intenso con un modelo de atención centrado en la persona", cuya situación se calificará en tres modalidades, según sus necesidades de vivienda: Emergencia, transición y estabilización.

El paso de una a otra supondrá además un relajamiento paulatino en ese acompañamiento personalizado, suponiendo además que la situación de las personas usuarias será menos dependiente tanto económicamente como de atención social, con la suma de hasta 6 años en estas viviendas, por las que pagarán entre el 25 y el 100 % del coste del alquiler, en función de su situación y con las tarifas del Gobierno foral como referencia (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados).

Uxua Domblás ha sido contundente al advertir de que el cambio de normativa en ningún caso supondrá sacar de las viviendas a las personas que están actualmente en ellas hasta cumplir el contrato previsto, aunque sí afectará a los nuevos usuarios, que se regirán ya por la nueva ordenanza.

Esta ha supuesto además el incremento de personal, de forma que los profesionales encargados del acompañamiento a estos usuarios pasan de uno a 13; y hay un nuevo puesto de responsable para la Oficina de Vivienda, el organismo que asume la gestión integral del total del parque inmobiliario, de los contratos para acceder a las viviendas, de la transición entre ordenanzas, del mantenimiento y rehabilitación de viviendas y de la conversión de las rentas antiguas en nuevas.

La plantilla la completan una asesora jurídica, una trabajadora social, una arquitecta técnica y tres administrativas. “Tenemos la necesidad de lograr una buena coordinación y colaboración, especialmente con el área de Acción Social, para la gestión compartida de este servicio público”, ha señalado Abaurrea.

Emergencia económica, estabilización y transición

En total, se contemplan seis modalidades de alojamiento: viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición; viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro, alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016 y viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal.

Las viviendas para emergencia habitacional económica se destinarán a personas sin ingresos o con ingresos por debajo de la renta garantizada, que pueden utilizarlas por un año como máximo; después, pasarían a la modalidad de vivienda de estabilización. También pasarían a estabilización si acceden a la renta garantizada. Esta situación irá acompañada de acompañamiento social de intensidad alta.

Las viviendas para la estabilización estarán destinadas a unidades familiares, con preferencia para las provenientes de alojamientos para emergencia habitacional económica en proceso de estabilización, que tengan ingresos que no superen la renta garantizada que pudiera corresponderles en función de sus miembros. El plazo máximo será de 2 años, revisable año a año según la situación económica.

De aquí deberán pasar a la modalidad de vivienda de transición, salvo que antes de finalizar el plazo resulten adjudicatarias de vivienda en alguno de los censos del Gobierno de Navarra o de cualquier otra entidad.

El acceso a las viviendas para la transición puede ser directo o, preferentemente, desde la vivienda de estabilización.

El acceso a las viviendas de emergencia por catástrofe o siniestro se generará a través de informes específicos; los alquileres con contrato anterior a 2016 se revisarán y las viviendas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro se concederán a través de convenio.