La Oficina Anticorrupción investiga al Ayuntamiento de Tudela por posibles irregularidades en la contratación jurídica
El organismo foral aprecia "indicios razonables" de fraccionamiento de contratos vinculados a la planta de fangos
La primera llamada de la Ribera con Eneko Larrarte, portavoz de Contigo Tudela
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Tudela
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra abre una investigación al Ayuntamiento de Tudela tras apreciar “indicios razonables de veracidad” en una denuncia por presuntas irregularidades en materia de contratación pública, concretamente por un posible fraccionamiento de contratos en el asesoramiento jurídico relacionado con la ampliación de la planta centralizada de tratamiento de fangos de la ciudad.
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Hoy por Hoy Matinal Tudela (27/01/2026)
La resolución, fechada el 26 de enero de 2026, da continuidad a una denuncia presentada en octubre por el grupo municipal Contigo Tudela, que alertó del uso reiterado del régimen de contratos de menor cuantía con un mismo despacho de abogados, superando presuntamente los límites establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos cuando se consideran de forma conjunta.
Según la documentación analizada, el Ayuntamiento adjudica a la firma GESABOGADOS varios trabajos vinculados a la reforma de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y a la planta de fangos, por un importe total de 24.000 euros sin IVA, repartidos en tres encargos entre marzo de 2024 y junio de 2025. La Intervención municipal advierte de que la acumulación de estos contratos podría vulnerar el artículo 81 de la ley foral, que limita este procedimiento cuando se trata de prestaciones sucesivas.
La Oficina Anticorrupción aclara que la resolución no prejuzga responsabilidades, pero sí constata que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento de investigación, al apreciar indicios tanto de fraccionamiento irregular como de un posible incumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Qué investiga la Oficina Anticorrupción
El organismo foral analiza si los distintos encargos jurídicos deben considerarse una prestación única o sucesiva y, por tanto, si debieron tramitarse mediante un procedimiento ordinario de contratación y no como contratos menores independientes. El Ayuntamiento presentó alegaciones a finales de diciembre, defendiendo que uno de los trabajos estaba incluido en un contrato previo, aunque la Oficina considera que persisten indicios suficientes para continuar con la investigación.
Desde Contigo Tudela, su portavoz Eneko Larrarte sostiene que la apertura del procedimiento “confirma que la denuncia tiene base” y enmarca este caso en una forma habitual de proceder del equipo de gobierno. “No hablamos de un hecho aislado, sino de un modus operandi que se repite, incluso aprobando resoluciones contra el criterio de la Intervención”, afirma. Larrarte cuestiona además que no se consultara a los técnicos municipales antes de externalizar los informes jurídicos.
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La primera llamada de la Ribera con Eneko Larrarte, portavoz de Contigo Tudela
La respuesta del alcalde
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, defiende con rotundidad la actuación del Ayuntamiento y asegura que no existe fraccionamiento alguno. “Con total transparencia y total tranquilidad, sabemos perfectamente lo que hicimos y lo que no se ha hecho, y no hay en absoluto partición de ningún contrato”, afirma. Toquero subraya que el Consistorio presentó todas las alegaciones y encargó un informe jurídico externo que concluye que “todo se ha hecho conforme a la legalidad vigente”.
El alcalde se muestra “muy tranquilo” ante la investigación y asegura estar “a disposición de quien quiera aclaraciones”. Al mismo tiempo, lamenta la actitud de Contigo Tudela, a quien acusa de “utilizar todos los recursos para atacar a este equipo de gobierno”. Según Toquero, las decisiones adoptadas responden a la defensa de los intereses de Tudela y de la Ribera, especialmente frente a los planes del Gobierno de Navarra en materia de tratamiento de residuos.
Vínculos políticos de los despachos
Uno de los elementos que introduce mayor debate político es la vinculación entre los despachos contratados y el entorno de UPN, partido al que pertenece el alcalde. Los primeros informes se encargan a GESABOGADOS, un despacho generalista, no especializado en derecho ambiental, entre cuyos socios figura Miguel Echarri Iribarren, miembro de la dirección de UPN durante el primer mandato de Yolanda Barcina y abogado de Faustino León, exparlamentario de UPN y exalcalde de Cintruénigo.
Posteriormente, el Ayuntamiento encarga un segundo informe jurídico para defender que no existe fraccionamiento de contratos al despacho ALCAN Abogados y Economistas, entre cuyos socios se encuentra Javier Caballero, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y vicepresidente en el último Gobierno de UPN presidido por Miguel Sanz. "Contratar a dedo a quien yo quiero porque tiene una afinidad política y en principio va a escribir en los informes aquello a lo que se les va a inducir" señala Larrarte a este respecto.
La investigación de la Oficina Anticorrupción continúa ahora con el nombramiento de un instructor y deberá determinar si la actuación municipal se ajusta o no a la legalidad en materia de contratación pública. Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate político sobre la gestión de los recursos públicos y los controles internos en el Ayuntamiento de Tudela.
