El Supremo rechaza una querella de Vox contra Chivite por el caso Koldo al no ver delito

Pamplona

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella de Vox contra la presidenta de Navarra, María Chivite, por la adjudicación de varios contratos públicos investigados en el caso Koldo al no ver indicios de delito en su actuación.

Así lo acuerda el alto tribunal en un auto en el que no admite a trámite la querella formulada por dicho partido contra María Chivite por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

La querella de Vox se dirigió también contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Koldo García -exasesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos-, todos ellos investigados en el caso, y contra los funcionarios que hubiesen participado en la licitación de los contratos públicos relacionados.

Según Vox, los querellados podrían haberse concertado para que determinadas empresas resultarán favorecidas en las adjudicaciones.

El Supremo señala que la querella no describe actos concretos que se puedan atribuir a Chivite y que permitan sostener, siquiera de forma indiciaria, que emitiera directrices encaminadas a alterar procedimientos de contratación pública y que interviniese de forma directa o mediata en la valoración de ofertas, la composición de las mesas de contratación o en la resolución de expedientes.

"No se presentan marcadores de que pudiera haberse beneficiado de dádivas, promesas, contraprestaciones, ventajas o beneficios vinculados a una actuación administrativa que le correspondiera ni de que exista un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u otros”, añade.

El alto tribunal destaca que la querella se basa no en documentos o elementos probatorios que haya aportado el querellante sino en algunos extremos de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa contra José Luis Ábalos y otros investigados.

Las adjudicaciones de contratos públicos que se refieren en la querella de Vox son la concesión administrativa y obra de Mina Muga para explotación de un yacimiento de potasa en Sangüesa, la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena en Pamplona, la concesión de un contrato de derribos y adecuación en la plaza de los Fueros de Milagro y el Proyecto Panadero en Huarte.

Los magistrados señalan que la querella vincula a Chivite con los contratos únicamente por su condición de presidenta del Gobierno navarro así como por haber mantenido, según ellos, cuatro reuniones con Antxón Alonso Egurrola entre 2020 y 2021 y tener una gran relación personal y profesional con Santos Cerdán, quienes detentarían el capital social de la empresa adjudicataria Servinabar.

El auto indica que los elementos invocados “carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma y de haber tenido una relación personal y profesional más o menos intensa con dos de los querellados".

Pero argumenta que ello "no equivale necesariamente a haber participado o influido en adjudicaciones eventualmente irregulares que les hayan favorecido".

Por ello la Sala acuerda la inadmisión y archivo de la querella "sin perjuicio de que los hechos, en cuanto pudieran referirse a personas no aforadas y a actuaciones administrativas susceptibles de depuración penal, puedan suscitar su denuncia ante el órgano judicial territorialmente competente y ser investigados conforme a las reglas ordinarias de competencia".