Maite Quintana (Cáritas Navarra), sobre la regularización extraordinaria de personas migrantes: "Era una demanda de hace años"

Pamplona

La anunciada regularización extraordinaria para personas migrantes sitúa en primer plano la situación de unas 10.000 personas en Navarra que podrían acceder durante un año a derechos de residencia y trabajo si cumplen dos requisitos básicos: no tener antecedentes penales y acreditar una estancia mínima de cinco meses mediante empadronamiento, citas médicas o matrículas educativas. “Conocemos muy bien las dificultades que atraviesan las personas y las familias en situación irregular”, explica Maite Quintana, delegada de Cáritas Diocesana, que recuerda que esta medida responde “a una demanda desde hace ya unos años” formulada por entidades sociales. Señala que la imposibilidad de trabajar condiciona proyectos vitales y limita el acceso a derechos elementales. También prevé un incremento de consultas y orientaciones, para lo que la organización se apoyará en la experiencia acumulada en seis procesos previos de regularización.

Quintana subraya que el anuncio llega en un contexto social marcado por la vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular, uno de los perfiles donde el estudio FOESSA detecta mayor prevalencia de exclusión. El informe sitúa la exclusión severa en Navarra en torno al 6%, unas 41.000 personas, y vincula esta situación a factores como la vivienda, la salud, las redes de apoyo y las condiciones laborales. “La irregularidad aboca a no poder ejercer derechos, ni tan siquiera a poder trabajar”, resume. El estudio apunta además a un aumento de la desigualdad respecto a 2018 y a una integración precaria que afecta a un porcentaje significativo de hogares, dependiente de ciclos económicos y con riesgo de retrocesos.

La responsable de Cáritas destaca que esta fragilidad conlleva una dinámica de polarización social creciente. El informe evidencia que las personas con mejores y peores condiciones comparten menos espacios, lo que dificulta el diálogo y la convivencia. Quintana insiste en que la regularización por sí sola no garantiza la integración y defiende la necesidad de acompañar a las personas desde el primer momento, con itinerarios que coordinen recursos y permitan consolidar una autonomía real. Añade que el reto será evitar que las situaciones de vulnerabilidad se vuelvan estructurales, y que el proceso de regularización pueda convertirse en una oportunidad para fortalecer la cohesión social en Navarra.