¿Funcionará prohibir redes sociales a menores de 16? La respuesta de las familias y el aviso de la Policía Foral

Pamplona

El anuncio del Gobierno de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años ha activado un debate con dos voces destacadas en Navarra: la del movimiento de familias Adolescencia Libre de Móviles y la del Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral. Ambas comparten diagnóstico sobre el problema y difieren en el alcance de la solución si se limita a un veto técnico.

Susana Heredia, presidenta de la asociación navarra Adolescencia Libre de Móviles, acoge con apoyo la decisión. “La aplaudimos abiertamente porque es algo que llevamos las familias solicitando desde hace ya más de un año”, señala, subrayando que la medida reconoce un problema que las familias perciben en el día a día: la exposición temprana a dinámicas y contenidos para los que los adolescentes no están preparados. “Es un primer paso para demostrar a la sociedad que efectivamente es un problema real el que tenemos con nuestros adolescentes”, afirma.

Heredia advierte, en todo caso, de la dificultad práctica de implementar la verificación de edad y cerrar todas las vías de acceso. “Es muy difícil en realidad tomar las medidas que ha comentado Sánchez”, indica, por la capacidad tecnológica de las plataformas y la facilidad con la que los menores esquivan los controles. En el ámbito doméstico, reconoce límites a la supervisión: “Por mucho que pongamos controles parentales, los menores tienen sus formas de buscar cómo saltárselo”.

La presidenta del movimiento recuerda, además, que la conversación no debe centrarse solo en las grandes plataformas visibles. “WhatsApp es una red social”, subraya, y defiende que antes de desenvolverse en entornos digitales los adolescentes necesitan consolidar habilidades relacionales cara a cara: “Tienen que aprender a relacionarse en persona… luego ya pueden tener cierto control al relacionarse digitalmente”.

Los riesgos de otras plataformas

Desde la Policía Foral, Koldo Fernández, responsable del Grupo de Delitos Informáticos, considera que una prohibición aislada no resolverá el problema y puede generar efectos indeseados. “Los menores tienden a desplazarse hacia otro tipo de redes sociales más clandestinas, con menos supervisión y donde los ciberdelincuentes también están actuando y captando a menores”, advierte. Señala, además, que los adolescentes “tienen muchos conocimientos tecnológicos” para eludir filtros y que las propias plataformas “no están tan bien preparadas técnicamente para supervisar límites de edad”.

Fernández describe que los casos más graves de ciberacoso llegan a la vía policial cuando ya han fallado las respuestas educativas y familiares, y que sus consecuencias pueden ser serias. “Tenemos situaciones muy extremas en las cuales la víctima incluso tiene problemas a nivel psicológico, con ideas autolíticas”, explica. Por eso, reclama que la respuesta incorpore prevención, detección temprana y acompañamiento sostenido.

Ambas partes coinciden en que la medida debe integrarse en una estrategia más amplia. Heredia pide reforzar la educación digital y limitar el uso del móvil en los centros de secundaria para reducir exposición y presión social. “Seguimos pidiendo que se inste a prohibir en Secundaria utilizar smartphones libremente en recreos y pasillos”, plantea, además de insistir en el papel activo de las familias para hablar de riesgos, hábitos y límites.

Fernández propone un paquete con “supervisión parental con sistemas efectivos”, formación curricular en competencias digitales para menores y familias, y una colaboración más estrecha entre centros educativos, fuerzas policiales y las propias plataformas. El objetivo, sostiene, es pasar de una respuesta punitiva a una política integral que combine regulación, educación y mecanismos técnicos fiables.

El debate apunta así a un marco de protección que no se agota en el acceso o no acceso a una aplicación. Familias y Policía Foral sitúan el foco en cómo, con qué recursos y con qué acompañamiento se relacionan los adolescentes en la red y fuera de ella. La prohibición marca un punto de partida; el reto, según coinciden, es sostenerla con educación, supervisión y coordinación para que sea efectiva en la vida real.